Los últimos asesinatos de hijos a manos de sus padres -el caso Bretón o el de Moraña (Pontevedra) este mismo año- han puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de los menores ante progenitores violentos. Es verdad que en esos dos casos no pesaba sobre ellos una orden de protección solicitadas por sus exparejas, pero no es menos cierto tampoco que mataron a los pequeños para vengarse de sus ex. Por eso en julio entró en vigor la reforma del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, que es «especialmente dura con las medidas cautelares que se impone a padres presuntamente maltratadores», señala Teresa Gonzalo, titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Burgos.
No obstante, la magistrada advierte de que en los últimos años en su juzgado «han puesto especial esmero y cuidado a la hora de baremar y ponderar si los menores pueden estar en situación de riesgo ante un caso de maltrato de sus madres». Y cuando contemplan que existe ese peligro, optan por «suspender el régimen de visitas de los progenitores para suprimirlas directamente, restringirlas o supervisarlas».
Y es cierto. En la estadística del Observatorio contra Violencia Doméstica y de Género se observa esa preocupación. En el último ejercicio analizado el juzgado especializado de Burgos impuso siete medidas de carácter civil dirigidas a suspender el régimen de visitas de los padres a los hijos. Y eso que es el año en que menos medidas -penales y civiles- se aplicaron sobre presuntos maltratadores, un total de 480. En 2013, por ejemplo, con prácticamente las mismas órdenes de protección -481- solo se registró un caso en el que se decretó la prohibición a un progenitor para que dejara a de ver a sus vástagos. En 2012 se contabilizaron tres supuestos;en 2011, 8, pero hay que tener en cuenta que ese año el número de medidas impuestas -a causa del incremento de las denuncias- alcanzó las 700, casi el doble que en 2014. En 2010 la cifra cayó a 3; en 2009, una, y en 2008, ninguna.
Teresa Gonzalo considera que es «fundamental la protección de los menores que viven en el entorno de la violencia de género». Y advierte de que en ocasiones hay una gran distancia entre las medidas penales que se imponen a un presunto maltratador, que son muy gravosas, y la «laxitud en las medidas civiles de protección de los menores respecto al presunto agresor».
Más atención. Las reforma legislativa sobre el Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia, que entró en vigor en julio, y el Estatuto de la Víctima, cuya aplicación ha comenzado este mes, obligan «a poner especial cuidado en las medidas de protección a los menores». «Pero a nosotros no nos pilla de nuevas», afirma Gonzalo, quien opina que la atención a las medidas cautelares civiles «merece el mismo tiempo y detenimiento que las otras». Por ello, cuando se detecta un riesgo tras la ponderación de diferentes parámetros, el juzgado decide suspender el régimen de visitas, que «muchas veces es el estándar», para suprimirlas, eliminar la pernocta -si el domicilio no es el adecuado para los menores- o supervisarlas en un centro especializado controlado por profesionales.
La magistrada del juzgado de Violencia sobre la Mujer advierte de que «es una quimera creer que los menores viven ajenos al ambiente de violencia que se respira en sus hogares». Estima que en torno a 800.000 niños y adolescentes viven contemplando situaciones de maltrato a diario en España, «lo cual afecta a su bienestar y desarrollo». Y a nadie se le puede escapar que en ocasiones «se produce una instrumentalización de los niños para seguir maltratando a la mujer». No es sencillo tomar esas medidas, porque en los primeros momentos de un procedimiento -cuando se interpone la denuncia- «no hay mucha prueba y hay que hilar muy fino, pero se trata de actuar con agilidad para preservar a toda costa la seguridad del menor».