El Gobierno central rechaza dar explicaciones sobre la campaña de inspecciones a familias burgalesas de personas con discapacidad que inició la Agencia Tributaria hace unos meses y que se ordenó paralizar después de que este periódico se hiciera eco de las quejas de cerca de 2.000 núcleos familiares afectados. A la pregunta de los diputados del PP Jaime Mateu y Sandra Moneo sobre si esas iban a tener que devolver a Hacienda el importe de las deducciones por hijo efectuadas en sus declaraciones de la renta, el Ejecutivo se limita a advertir que la ley General Tributaria establece que los «datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tienen carácter reservado». Y añade en su respuesta que «esa información solo puede ser utilizada para la efectiva aplicación de los tributos y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros.
Pero los parlamentarios populares no solicitaban los datos concretos de ningún contribuyente, lo único que reclamaban era saber si esas familias a las que se les han practicado inspecciones especiales (en general, no una en especial) van a tener que devolver las deducciones. A esto el Gobierno central no responde. Lo que sí hace es reproducir el texto de la Ley que regula el IRPF, en concreto su artículo 60, el que se refiere al derecho a la aplicación del mínimo por descendientes con discapacidad siempre que éste no tenga rentas superiores a 8.000 euros anuales y conviva con el contribuyente.
Tras la protesta generalizada de las familias, la Dirección General de este organismo dio indicaciones para la paralización del envío de más notificaciones a contribuyentes que estén en la misma situación que las familias burgalesas inspeccionadas. Esta orden interna provisional -pues aún no ha sido comunicada oficialmente a la espera de la reunión del comité de dirección de la AEAT- no afecta a los procedimientos ya en marcha, cuya resolución es obligatoria por ley una vez iniciados.
A la voz de las familias y de las asociaciones que las representan (Apacid, Las Calzadas, Autismo Burgos, Aspanias y Aprodisi, además del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi) se unieron la de muchos funcionarios de la AEAT que no han entendido esta campaña de persecución.