El Ayuntamiento de Miranda, a falta de un par de semanas para cerrar el año, contabiliza 53 reclamaciones patrimoniales. Con esta herramienta, los ciudadanos buscan una compensación por lesiones sufridas en sí mismos o en sus propiedades, generadas por el mal funcionamiento de los servicios municipales. La concejala de Hacienda, Matilde Fernández explica que la mayoría de las causas tienen que ver con «desperfectos en coches, problemas relacionados con la red de agua o por caídas». De estos tres motivos, la responsable ensalza las peticiones vinculadas a golpes debido al mal estado de las aceras, aunque «prácticamente se deniegan todas», matiza.

La edil puntualiza que el reclamante debe demostrar la vinculación aportando documentos, incluso en ocasiones se entrega un parte policial. Con esas pruebas debe quedar claro que el daño está relacionado con un detonante dependiente del Consistorio. Dentro de las caídas en la vía pública, muchas alegaciones se entregan sin una base, pero además la concejala recuerda que «por el mero hecho de caerte en Miranda no se tiene derecho a una compensación». Incluso, recuerda que no todos los defectos en las aceras o en la calzadas lo justifican.

En el caso de los problemas con la red de agua o con los vehículos, Fernández reconoce que resultan más fáciles de probar. La responsable municipal aclara que los desperfectos en los turismos están protagonizados en su mayoría «por problemas en el firme o por golpes derivados de algún desprendimiento». Respecto a las reclamaciones que llegan a su departamento por la rotura o fallos en las tuberías, la edil también admite que los daños ocasionados por las filtraciones también resultan fáciles de comprobar, por lo que apunta que este tipo de incidencias también sueles estimarse.

En cuanto a los pagos que el Ayuntamiento debe asumir por las que peticiones estimadas, Fernández recuerda que existe un seguro para abonar las cantidades acordadas, aunque «sí que existe una franquicia de 300 euros». Por este motivo, considera que el dinero que sale de las cuentas públicas no resulta relevante, aunque sí que ensalza el coste en horas personal para cumplir con toda la tramitación.