Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Miranda de Ebro han procedido a la detención, en cumplimiento de la vigente Ley de Extranjería, de un individuo extracomunitario con Decreto de Expulsión de España dictado por la Subdelegación del Gobierno en vigor al contar con antecedentes policiales por violencia de género y robo con fuerza. El mismo ha sido trasladado al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid a la espera de los trámites documentales para su efectiva expulsión de España. Según la legislación, le espera una prohibición de entrada en territorio español y resto del espacio Schengen de entre 5 y 10 años.

Por otra parte, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, se han llevado a cabo recientemente otras cinco inspecciones a diferentes establecimientos situados en la misma ciudad. Se trata de actuaciones enmarcadas en el Convenio existente entre el Ministerio del Interior y el Organismo Autónomo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que coordina la acción operativa en materia de lucha contra el empleo irregular y la explotación laboral, así como el fraude a la Seguridad Social.

En concreto, en el interior de un establecimiento de hostelería se identificó a un ciudadano extracomunitario, quien se encontraba trabajando de cocinero careciendo de Autorización de Residencia y Trabajo.

En otra de las intervenciones, en este caso en un taller de vehículos -cuyo responsable ha sido sancionado ya en dos ocasiones previas por hechos similares-se localizó a otro ciudadano sin documentación que habilite a residir ni trabajar legalmente en España, quien en ese momento ejercía como mecánico en el interior del mismo.

A ambos extranjeros se les ha incoado expediente administrativo por estancia irregular, en cumplimiento de la vigente Ley de Extranjería. Por su parte, los responsables de los establecimientos se enfrentan a infracciones muy graves previstas en la misma ley, con sanciones económicas que parten desde los 10.000 euros por cada trabajador ocupado.

Los responsables policiales en la materia significan que este tipo de servicios persiguen erradicar la explotación Laboral, así como la defraudación a la Seguridad Social.