La Cámara de la Propiedad ya atendía consultas sobre casos de viviendas ilegalmente okupadas, con lo que la oficina antiokupación que se puso en marcha hace mes y medio bajo el auspicio de la Junta no ha tardado en coger ritmo de trabajo tras su puesta. De hecho, ya ha atendido siete consultas en este tiempo planteadas por propietarios que o bien sufren este fenómeno o bien piden información por si llegase a ocurrirles en el futuro.

La oficina entra en funcionamiento dentro del acuerdo firmado en mayo entre el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana con la Junta de Castilla y León para luchar contra el fenómeno creciente y de gran preocupación entre los propietarios.

José Muñoz Plaza, gerente de la entidad pública burgalesa, reconoce que ya ofrecen el servicio de información y asesoramiento de forma regular a sus asociados, pero que desde el pasado lunes 22 de mayo lo han hecho extensible a cualquier ciudadano. «La incidencia del fenómeno de la okupación en Burgos es baja en comparación con otras provincias y el perfil del okupa es menos problemático, pero sí que recibimos cada vez más consultas al respecto y vemos que el fenómeno se va incrementando».

Así, matiza que el nuevo servicio, que se ha denominado oficinas de información antiokupación, se ciñe a atender las consultas de información del ciudadano (medidas de prevención, actuaciones inmediatas recomendadas y actuaciones en caso de una okupación ilegal prolongada), sin incluir otro tipo de intervenciones que serían necesarias ante un caso de esta naturaleza.

Asimismo, el acuerdo firmado con la Junta establece que las Cámaras, en los casos en los que sea necesario, pondrán en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cualquier incidencia que se denuncie ante sus ventanillas.

Para acceder a este nuevo servicio se puede llamar directamente a la Cámara de la Propiedad Urbana o a través del teléfono 012, de atención al ciudadano de la Junta de Castilla y León, que derivará las consultas a la Cámara que corresponda. También a través de la web de la Junta de Castilla y León y de las propias Cámaras se podrá disponer información sobre las preguntas más frecuentes y cómo actuar en caso de ser una víctima de ocupación.

Muñoz Plaza insiste en que estamos ante un fenómeno «muy complejo y diverso», que incluye perfiles que van desde grupos organizados antisistema, a personas que carecen de recursos y que optan por esta solución. «Hablamos desde temas penales por allanamiento o usurpación o de situaciones meramente civiles».

En España se contabilizaron en torno a 17.000 denuncias por ocupación el pasado año. Casi doblan las que se registraban seis años antes, aunque la incidencia es muy desigual dependiendo de comunidades autónomas.