La Junta de Castilla y León se dotó el año pasado de un modelo interno propio de evaluación de las políticas públicas, que analiza en este momento 18 instrumentos de planificación, por lo que descarta la creación de un órgano independiente por coste y eficacia y prefiere la implicación de los empleados públicos en este sistema con recursos propios.

Así lo explicó el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en la inauguración I Jornada de Evaluación de Políticas Públicas de la Junta de Castilla y León en la que puso en valor la implicación de los empleados públicos para la calidad de los servicios como por transparencia ante la ciudadanía de los resultados de sus políticas.

"Es una política muy moderna, muy novedosa y la Junta de Castilla y León está plenamente involucrada", describió el consejero, en referencia a un modelo interno y con recursos propios de evaluación que arranca con la aprobación de un decreto en septiembre de 2023, que regula de forma concreta esta evaluación de las políticas públicas.

González Gago destacó la colaboración con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a la que en 2020 se realizó encargos sobre la creación de un sistema de evaluación de las políticas públicas, sobre publicidad institucional en los medios de comunicación, políticas activas de empleo y promoción industrial, pendiente de entrega a finales de este año.

Precisamente, el consejero recordó que la AIReF recomendó que, al menos en fase inicial, la evaluación se realizara con los medios propios de la Junta, que es lo que se hace a través de la aprobación de ese decreto, ya que, como recordó, una autoridad independiente supone un coste.

En tal sentido, defendió que primero hay que ver los resultados de la evaluación con los medios propios, pues es un sistema que "acaba de nacer y se tiene que desarrollar", y el "futuro dirá si es necesario" un órgano externo.

En este momento, precisó que 18 instrumentos de planificación de la Junta están sometidos a informes de evaluación, que se añaden de manera paulatina al Registro de Evaluación de Políticas Públicas, en el que se pueden encontrar documentos relativos a planes vigentes como el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa 2024-2027 o el III Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2021-2024.

Así, defendió que no hay "improvisación" y todo plan, norma o estrategia que pone en marcha la Junta a través de sus centros directivos están sometidos a una evaluación a través de cuatro fases, en las que se centra este modelo interno.

En primer lugar, la evaluación exante que determina para qué se planifica, qué materia se quiere regular y qué beneficios tiene que tener el ciudadano; segundo, se realiza un análisis de evaluabilidad por la Dirección General de Atención al Ciudadano, que mira que el instrumento, el proyecto tiene los hitos los criterios de medición; en tercer lugar, está la medición intermedia para planes o programas que tengan una duración superior a cuatro años; por último, la evaluación final que incluye toda la programación.

Además, mediante las guías metodológicas, que están en la web institucional, los empleados públicos pueden comprobar las evaluaciones. González Gago precisó que, antes de que termine el año, se aprobará la tercera guía metodológica que abarca las dos últimas fases la evaluación, la intermedia y la final.

El consejero remarcó que la evaluación no es solo una técnica interna administrativa de gestión, sino que supone dirigirse a los ciudadanos e informales del resultado de las actuaciones, lo que defendió tanto por transparencia como por calidad de los servicios.

Por último, manifestó que analizan un nuevo encargo a la Autoridad Independiente, cuya presidenta asistió a la jornada celebrada hoy en la Feria de Valladolid, para el periodo 2025-2026, aunque las materias están por concretar.