El administrador de la Compañía Petrolífera de Sedano -hoy en concurso de acreedores- y el director facultativo de la explotación de La Lora se van a sentar en el banquillo como acusados de un delito medioambiental cometido presuntamente en 2020, al considerar el Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos que existen indicios de «daños sustanciales» al suelo, la fauna o la flora, causados durante la fase inicial de desmantelamiento del campo de Ayoluengo, que el Código Penal castiga con hasta con 5 años de prisión o multa de entre 10 y 24 meses.

La jueza ha dictado auto de apertura de juicio oral y ha emplazado a cada uno de los acusados para que presenten escrito de defensa en una causa en la que además de la Fiscalía está personada la Junta de Castilla y León. Se inició durante el confinamiento, cuando agentes medioambientales se encontraron las vallas que cerraban las balsas rotas.

El director facultativo de la explotación minera desde 2010 alegó en su descargo que «la semana anterior a la llamada de los agentes ambientales la valla existía, aunque semanalmente la rompían, no solo en las balsas, también en los pozos y las vallas se reparaban» y que advirtió de la necesidad de repararlas en varias ocasiones, además de enviar fotos a los directores antes y después de hacerlo.

Su superior sostiene que en 2020 ya no era el responsable de la compañía, aunque sí estaba al frente cuando en 2017 se empezó a desmantelar el campo de petróleo de Ayoluengo y señala al otro procesado como «responsable de adoptar las medidas necesarias», al tiempo que sostiene que entonces no se precisaba «intervenir», porque las instalaciones «estaban perfectamente» y que nunca le hicieron saber ningún problema serio.

Asimismo, considera que los daños a los que se refieren Medio Ambiente y el Seprona de la Guardia Civil «son consecuencia del desarrollo de la correcta ejecución de una actividad de desmantelamiento de un campo petrolífero» y se limitan a un área «muy concreta» del campo. Argumentos estos que han sido rechazados tanto por la jueza instructora como por la Audiencia, en virtud de los atestados e informes emitidos, y que tendrán que debatirse durante el juicio, para el que aún no se ha fijado fecha.

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