La futura disolución de los consorcios, expresada como una voluntad en el Pleno ordinario del pasado 19 de abril, parece haber sido determinante para que las entidades financieras hayan accedido finalmente a ingresar al Grupo Leal los 1,1 millones de euros que depositaron hace 15 años en el Consorcio de Villalonquéjar por la reserva de algo más de 73.000 metros cuadrados de suelo comercial en la última ampliación de este polígono de Burgos.

El camino hasta producirse el ingreso en la cuenta de Leal (se hizo efectivo este martes) no ha sido sencillo, ya que las entidades con las que el Consorcio tiene contraído el préstamo se han resistido durante meses aduciendo una cláusula del acuerdo de refinanciación de la deuda firmado en 2016, según el cual las cuentas del ente quedaban pignoradas y cualquier acreedor debía ponerse a la cola para cobrar una deuda. En este caso concreto, lo que se venía a decir es que el fondo de reserva del ente no se podía tocar y era al Ayuntamiento al que le correspondía devolver el aval con sus propios recursos.

Este asunto originó incluso un tenso debate en uno de los consejos rectores del consorcio, ya que los representantes del Ayuntamiento, tanto políticos como técnicos, defendieron que la cantidad depositada en su día por Leal no tenía la naturaleza de deuda porque se trataba de un depósito. Los responsables de la Fundación Caja de Burgos no lo veían así, ya que entendían, según afirmaron, que se estaba vulnerando lo firmado hace siete años y la palabra dada en su día.

El consejero delegado, Manuel Manso (PP), y los consejeros del PSOE y Vox, Julio César Arnaiz e Ignacio Peña respectivamente, mantuvieron a finales del año pasado una reunión con CaixaBank e ICO en la que se abordó la devolución de la fianza a Leal y se comenzó a hablar sobre la renegociación de la deuda del Consorcio de Villalonquéjar.

De manera formal, Manso requirió la devolución de la fianza sin demasiado éxito, pero la situación dio un giro después de que se expresara la voluntad real de extinguir los consorcios. Aunque el Ayuntamiento, a efectos prácticos, hace tiempo que ha asumido la integridad de la deuda y se ha hecho responsable de la misma (figura en su contabilidad), las entidades financieras se ven más cómodas con los consorcios fuera de juego. Más aún tras saber que el Ayuntamiento no solo heredará formalmente el activo y el pasivo sino que tiene previsto amortizar este año algo más de 30 millones de euros de deuda. Todo ello, sin contar con los algo más de cinco millones que ha ingresado el pasado mes de abril para el pago correspondiente a la deuda de 2024 del tramo B (la no sostenible). En concreto, 3,6 millones de la del Desvío y 1,5 de la de Villalonquéjar.

En relación a la fianza de Leal, Manso detalla que este lunes firmó un documento de acuerdo para evitar una novación de las condiciones de la deuda (lo consideran ahora innecesario) y el ingreso en la cuenta de la Leal se había producido ya el martes.

Informes. Con ese asunto resuelto, el equipo de Gobierno ha puesto el punto de mira en la disolución de los entes y el primer paso será el encargo de seis informes en los que  Secretaría General, Intervención, Tesorería, Asesoría Jurídica, Patrimonio y Urbanismo mostraron su criterio en relación a la extinción de los dos consorcios.