La Junta reclama al Ministerio de Hacienda 210 millones de euros de la liquidación del modelo de financiación de 2022, porque entiende que la cuantía recibida este año no se corresponde con los datos efectivos de recaudación en el ejercicio, ni con el principio de lealtad institucional. El portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, anunció hoy que formalizará un requerimiento previo, par alcanzar un acuerdo, antes de acudir a la vía judicial.
Carlos Fernández Carriedo justificó la demanda de la Junta en la defensa del interés general de la Comunidad, para una adecuada financiación de sus servicios públicos y por la exigencia del adecuado cumplimiento del principio de lealtad institucional que establece la LOFCA.
Carriedo dejó claro que sólo es un requerimiento para "buscar un acuerdo" y apeló al Gobierno a sentarse con las autonomías porque es un problema que presentan varias comunidades de diverso color político. El consejero portavoz incidió en que sólo acudirán a la vía judicial sino hay un acuerdo antes de agotar el plazo establecido. "No sabemos cuál será su respuesta", dijo, pero apuntó a que conocen casos precedentes, como la liquidación definitiva de 2017 los recursos compensatorios del IVA, sobre la que tuvo que fallar el Tribunal Supremo, que dio la razón a la Comunidad, y abrió el camino para el resto de autonomías. "Esperemos no tener que ir al Tribunal Supremo en esta ocasión y haya un acuerdo previo. Esperemos que el Gobierno tenga interés en solucionarlo", enfatizó.
Carlos Fernández Carriedo aclaró que se reclama ahora porque la liquidación del sistema se hace dos años después del ejercicios, y constató que no han incluido en el anteproyecto de ley de presupuestos esa cuantía, porque no saben cuál será el resultado y, si es positivo, cuando lo recibirán.
Carriedo centro sus críticas en la falta de lealtad institucional del Gobierno, ya que adopta decisiones de forma unilateral, que afectan a los gasto so los ingresos de las autonomías "sin realizar las aportaciones necesarias" para compensarlo. "Si alguien adopta una decisión sin contar con los afectados debe garantizar la financiación", razonó, para exigir que se establezcan mecanismos para que se negocie con las autonomías cuando se adopten medidas que afecten a sus ingresos o gastos y también de compensación frente a estas decisiones unilaterales.
"Somos varias las autonomías que hemos venido reclamando una solución a esta cuestión", dijo, para razonar que no se trata de cómo financiar a la autonomía sino de "los servios públicos" que presta, la sanidad, la educación y la atención social.
El portavoz, quien comentó que la comisión mixta con el Gobierno "hace tiempo que no se reúne", insistió en su "voluntad de diálogo" para evitar la vía judicial, y criticó de nuevo el impacto en la recaudación de la Comunidad, como en el IVA, de cuya liquidación se recibe el 50 por ciento, de decisiones "unilaterales" que adopta el Gobierno "sin contar con las autonomías".
"Vemos habitualmente cómo toma medidas el Gobierno en sanidad, educación y servicios sociales que no son de su competencia y como es legislación básica, debemos llevarlas a cabo con un coste y nadie nos compensa. Con los ingresos pasa lo mismo si se reducen tributos o se modifican", dibujó. Aseveró que si toma esas decisiones debe compensarlas, como establece la LOFCA. "Pedimos eso", resumió.