La empresa de tratamiento de lodos Ecoaranda, que cuenta con un amplio historial de quejas de los vecinos por malos olores, una clausura cautelar por parte de la Junta de Castilla y León y varias denuncias de agentes medioambientales, ha logrado la autorización de uso excepcional del suelo en una parcela que ni siquiera estaba incluida en su proyecto y que, por tanto, carecía de este permiso. Sin embargo, "la inactividad (del Ayuntamiento)" desde el año 2014, como explicó ayer la concejala de Urbanismo del Consistorio arandino, Ana María Hervás, ha permitido a la compañía conseguir esta autorización al declararse "silencio positivo".
Una vez llegados a este punto, Hervás aseguró que en el Ayuntamiento están "obligados" a emitir el certificado y así se decidió en la Junta de Gobierno. "Estamos ciñéndonos a lo que la ley dice", añadió, sobre un proceso que se remonta a 2012. En agosto de ese año, la empresa obtuvo la autorización de uso excepcional de suelo para instalar su planta de tratamiento de lodos, en el término municipal de La Lobera, cerca del cementerio.
En mayo de 2013, se les concedió la licencia ambiental y de obra. Pero un año después, cuando presentaron la documentación de final de obra, "se pudo constatar que las obras que habían ejecutado no se ajustaban estrictamente a lo que se había proyectado y autorizado", como detalló la concejala. En concreto, "se había ampliado la actividad a una parcela que no había sido autorizada ni tenía la autorización de uso excepcional".
Pues bien, "desde 2014 hasta la fecha no se ha hecho nada", lamentó Hervás, quien precisó que se refiere a la parte urbanística de esta actividad. En ese momento, según indicó, "se tendría que haber iniciado un procedimiento de restauración de la legalidad y haber incoado un procedimiento sancionador". Pero no se llevó a cabo. Ni a lo largo de todos los años posteriores ni tampoco en 2021, cuando hay otro informe técnico y jurídico "en el que se insiste y se pone de manifiesto que había que haber iniciado un procedimiento sancionador y de restauración de la legalidad".
Cuando el actual equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento en junio de 2023, se encontró con el expediente de Ecoaranda. Hervás subrayó "el ánimo de ajustarnos estrictamente a la legalidad" y admitió que "la inactividad de todos estos años, de alguna manera, puede condicionar la resolución de este expediente". A ello se suma otro informe de agosto de 2023 en el que se volvió a dejar claro que "las obras que se ejecutaron no se ajustaron a lo que estaba proyectado". Pero ahora, "el silencio administrativo ha operado de forma positiva".