Algo más del 47% de las 433 mujeres que abortaron el año pasado en la provincia admitieron que no utilizaban método anticonceptivo alguno en sus relaciones sexuales (204 del total, según datos oficiales de la Consejería de Sanidad). La falta de precaución en las relaciones sexuales no solo incrementa las posibilidades de un embarazo no deseado, como constatan las cifras oficiales, sino que también dispara el riesgo de contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual y, de hecho, los casos de sífilis, gonorrea o clamidia van a más en Burgos desde el comienzo de la pandemia por coronavirus.
La Consejería de Sanidad acaba de publicar los datos de interrupciones voluntarias del embarazo correspondientes al 2022, casi con un año de retraso porque es la dinámica habitual. El aborto es una prestación incluida en la cartera de servicios del sistema nacional de salud desde 2010 -y avalada este año por el Tribunal Constitucional- pero lo habitual es que se derive a la sanidad privada por razones de conciencia de los profesionales y, así, hace falta más tiempo para registrar y consolidar los datos.
Burgos es la única provincia de Castilla y León en la que profesionales de Sacyl interrumpen gestaciones en centros sanitarios públicos; concretamente, en el hospital de Miranda, el Santiago Apóstol, que fue pionero, y en el HUBU, que empezó a hacerlo en enero del año pasado al constatar que había suficientes ginecólogos dispuestos a asumir esta prestación. Al menos, en todos aquellos casos en los que la gestación se interrumpe antes de la novena semana, que en Burgos son la mayoría (320, el 74%), y pueden hacerse mediante métodos farmacológicos.
En algunos casos se puede emplear este procedimiento hasta la semana número doce, pero es muy infrecuente. De hecho, pasada la novena semana se suele indicar un método quirúrgico, que el HUBU todavía no asume porque implica a un número abultado de profesionales -y no solo de Ginecología- con los que hay que hablar y coordinar muy bien el trabajo para garantizar la continuidad asistencial en todo momento. Así, Sacyl sigue contratando este tipo de interrupciones con la sanidad privada y, en el caso de Burgos, con la clínica vallisoletana Ginemédica. Las pacientes de Aranda también son derivadas allí, dado que el Santiago Apóstol y el HUBUsolo asumen los abortos de su área de referencia.
60%, en la pública. El hecho de que Burgos sea la única provincia de la Comunidad en la que sanitarios de Sacyl practican abortos introduce diferencias estadísticas significativas con respecto a las demás. La principal es que en Burgos el 60,7% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en hospitales públicos (263 del total frente a 170 en la sanidad privada). Este porcentaje es todavía ínfimo en el resto de provincias, como evidencian los datos de las otras tres más pobladas: 507 abortos en la privada y uno en la pública en León; 392 en la privada en Salamanca (100%); 639 en la privada en Valladolid (100%).
Estos datos cambiarán en las estadísticas de los próximos años y, especialmente, en la que se publicará a partir de 2024, ya que la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada el pasado febrero introduce entre las novedades la obligación de que la sanidad pública no solo financie el aborto, sino que lo garantice por la vía de urgencia en sus instalaciones. En la parte sustancial del texto, que entró en vigor en 2010 y se basa en la determinación de plazos y no de supuestos para abortar no ha habido novedades. Así, la normativa determina con claridad los límites del aborto en España: hasta la semana 14 por expreso deseo de la gestante y hasta la 22, solo en caso de graves anomalías fetales o de riesgo para la vida, tanto de la mujer como del feto.
En la provincia suele haber unas 400 interrupciones voluntarias del embarazo cada año, aunque con oscilaciones. En el 2021, por ejemplo, se registró el menor número de abortos en 24 años (338) y el ejercicio siguiente concluyó con casi un centenar más. Es una cifra muy similar a la de 2019 y 2020, cuando se registraron 430 y 429.