Parroquias de la ciudad y la provincia, colegios, un monasterio, una ermita, un noviciado y un seminario fueron los escenarios donde curas, religiosos o trabajadores a cargo de la Iglesia Católica abusaron sexualmente de un menor en Burgos en algún momento de las últimas décadas. En total, el recientemente presentado Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria, del Defensor del Pueblo, registra doce casos, ocho con su ubicación concreta y los otros cuatro en colegios y parroquias sin identificar. 

Seis del total, siempre según el informe, han sido reportados por distintas fuentes eclesiales, que no fueron nada específicas porque no citaron todos los nombres de los colegios, las parroquias o los pueblos donde ocurrieron las agresiones (aparecen como 'colegio sin identificar', 'pueblo de la zona norte' y 'pueblo de la zona sur'), tan solo en uno se indica que el delito se cometió en la de la localidad de Iglesias, al oeste de la provincia. A pesar de que en el trabajo del Defensor del Pueblo señala los casos en los que fue la Iglesia la fuente de información, el nuevo portavoz de la archidiócesis, Natxo de Gamón, explicó que los desconocen y sobre el registrado en la localidad de Iglesias cree que se refiere a otro pueblo, Iglesiarrubia, donde un sacerdote, natural de allí, pero que ejercía en Iznájar (Córdoba), fue condenado por abusos a cinco niñas menores en el año 2004.

Los otros seis fueron cometidos en los colegios Padre Manjón (público), La Salle y Santo Tomás (que se ubicaba en la Avenida Reyes Católicos y que cerró hace más de treinta años), la ermita de la Virgen de las Viñas, el noviciado redentorista del Monasterio del Espino, en Santa Gadea del Cid, el seminario menor de San José y la parroquia de San Pedro y San Felices. Este último fue conocido por la Unidad de Atención a las Víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia Católica creada por el Defensor del Pueblo y que inició sus trabajos el 6 de julio de 2022 y el resto, por el periódico El País, que desde 2018 alimenta la única base de datos sobre abusos sexuales en la Iglesia que existía hasta ahora. Uno de los citados por el rotativo se dirigió también a la unidad de víctimas. 

El Defensor del Pueblo señala que cuatro de los casos le fueron comunicados por parte de la diócesis y en todos ellos los victimarios fueron sacerdotes: uno de ellos sucedido antes de 1959, dos entre 1960 y 1979 y uno entre 1980 y 1999. Del resto no ha obtenido detalles. En total, las víctimas que se conocen hasta ahora son 14, todas menores de edad: cuatro varones y diez mujeres. 

Los resultados del trabajo realizado por el ombdusman han caído como una bomba en el seno de la Iglesia española y en la sociedad en general, no solo porque se ha acompañado de una encuesta, según la cual al menos 400.000 personas han sufrido algún tipo de abuso sexual por parte de miembros del clero o colaboradores, sino porque ha puesto en evidencia una colaboración manifiestamente mejorable de la institución, probablemente, la razón por la que el Papa Francisco acaba de llamar a capítulo a los obispos españoles. «La Comisión Asesora solicitó información a la Conferencia Episcopal Española y a todas las diócesis, de quienes recibió contestaciones centradas sobre todo en los datos recogidos en las oficinas de atención a las víctimas y en los protocolos sobre prevención y respuesta a los abusos.

Algunas diócesis han mostrado una actitud colaboradora y han aportado datos relevantes. Sin embargo, es necesario señalar que otras han rechazado colaborar. Un obispado ha cuestionado la propia encomienda y no ha aportado ningún dato. Y otro ha reconocido la existencia de dos casos, pero no ha ofrecido ningún dato sobre ellos», se puede leer textualmente en el informe.

En el caso del Arzobispado de Burgos la colaboración «ha sido total», señala De Gamón, aunque la archidiócesis «no era conocedora de la mayoría de los casos»: «No sabemos qué colegios son los que aparecen sin nombre; el de La Salle entendemos que depende de la oficina de esos religiosos, como el de los Redentoristas; tampoco tenemos información de los casos del Padre Manjón, de Santo Tomás y de la ermita de las Viñas salvo por alguna cosa que apareció en los medios de comunicación y no nos consta el de la parroquia de San Pedro y San Felices y el del seminario de San José, cuya fuente es el periódico El País, al que le hemos pedido la información y que no nos la ha facilitado porque el comunicante era anónimo». 

En cualquier caso, asegura que una sola víctima «ya es demasiada»: «Cualquier acto violento siempre es execrable y condenable. Nuestra política es la de poner en el centro a la víctima y nuestro compromiso es el de transparencia, salvaguardando la intimidad, la confidencialidad y el respecto. Estamos siendo proactivos contestando a los requerimientos que se nos ha hecho, y en este sentido se ha colaborado con el Defensor del Pueblo en todo lo que se nos ha pedido, respondiendo a las dos cartas que nos envió, algo que no se recoge adecuadamente en el informe».

La Oficina para la Protección de Menores y Personas Vulnerables, que es como se llama desde el pasado mes de enero la anterior Oficina para la Recepción de Denuncias y Acompañamiento de las Víctimas de Abuso Sexual de la diócesis burgalesa ha conocido y acompañado a dos casos, los primeros que ha reconocido públicamente la Iglesia burgalesa. La directora, Mercedes Hernández, que está en ese cargo desde enero, explicó que son historias que se remontaban muy atrás en el tiempo -ocurrieron hace 50 y 60 años- y la psicóloga Isabel Cobo añadió que las víctimas «se habían mostrado muy agradecidas por tener un lugar al que acudir». Además de Hernández y Cobo componen la Oficina los curas Marcos Pérez Illera y Carlos Azcona y asesoran el sacerdote y periodista Álvaro Tajadura y el arquitecto Miguel Ángel Ortega.