Primero fueron abogados y procuradores, después los propios jueces y ahora los funcionarios se movilizan contra la Ley de Tasas Judiciales del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, que ya ha sido aprobada aunque aún no se aplica y que supondrá, según denuncian todos estos colectivos, «una justicia de dos categorías», claramente perjudicial para las clases medias.

Los sindicatos que integran la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Burgos (UGT, CCOO, STAJ y CSIF) iniciaron ayer una recogida de firmas para protestar contra el ‘tasazo’ y otros proyectos delMinisterio que, a su juicio, suponen «una privatización a gran escala de la justicia», afirmó Marian Codón (CSIF), en referencia al proyecto sobre el RegistroCivil, que «va a contribuir a mercantilizar ese servicio», al pasar a ser prestado por los registradores de la propiedad y los notarios.

No obstante, los representantes de la plantilla judicial aún no han sido convocados por Justicia a la mesa de negociación sobre esa ley, que suponen les afectará por cuanto en la actualidad hay funcionarios destinados en el registro civil de cada partido judicial.

La mesa de recogida de firmas en defensa de una justicia «para todos los ciudadanos, sin exclusiones», estarán instalada hasta el 18 de enero en el recibidor del edificio de juzgados de Reyes Católicos. Al día siguiente se recogerán todas las hojas para ser entregadas en la sede delMinisterio, con motivo de una manifestación de funcionarios de toda España que se ha convocado en Madrid.

Maxi Niño (CCOO) yAlberto Arroyo (STAJ) añadieron que los funcionarios de Burgos cuentan con la agravante de los problemas ocasionados por la Nueva Oficina Judicial (NOJ), «que siguen sin solucionarse. No funciona ni que va a funcionar como debiera», apostillaron. A su juicio, sería necesario que los 27 trabajadores de refuerzo, en teoría renovados hasta enero, se incluyeran como plazas en la relación de puestos de trabajo. «Que deje de ser un parche».