En Íñigo Errejón convivían el Doctor Jekyll y Míster Hyde. Como en la popular novela de Stevenson la suya era (es) una personalidad desdoblada. De día, ante las cámaras o en el Parlamento era el rostro de la izquierda amable. Empático, defensor de las causas sociales y paladín de las necesidades de la ciudadanía y de sus inquietudes, fue también el gran adalid (la hemeroteca es muy cruel en estos casos) del feminismo y del derecho de las mujeres a no ser acosadas ni maltratadas psicológicamente. Ese era el personaje, como él mismo lo reflejó en su enrevesada y retorcida carta para justificar su marcha de toda actividad política.

La persona, sin embargo, era otra cosa. Muy diferente. El del exportavoz de Sumar se ha convertido en El extraño caso del Doctor Íñigo y Míster Errejón, todo un manojo de contradicciones tóxicas que han aflorado en torno a su figura para convulsionar la política española.

Una actriz y una colaboradora televisiva ya le han denunciado por acoso sexual. Se le imputan comportamientos machistas y ejercer de forma premeditada el acoso y el maltrato tanto físico como psicológico. La intérprete Elisa Mouliaá, la primera que lo acusó ante la Policía, lo tachó de «depredador sexual» y añadió que el expolítico tiene rasgos de «psicópata narcisista».

La realidad ha revelado de forma abrupta que el Errejón político iba por la vida con una máscara, en definitiva, que él, sus soflamas y su discurso eran una tremenda mentira. 

Ahora, se enfrenta a un largo calvario en los Juzgados. De momento ya hay interpuestas dos denuncias ante la Policía, una por Elisa Mouliaá y la otra por la colaboradora televisiva, Aída Nízar, que afirmó que tras la agresión sexual sufrida se sintió «humillada, vejada, baboseada y repugnada». El juez que lleva la causa de Mouliaá ya le ha citado para declarar como investigado. Podría enfrentarse a penas que oscilan entre uno y cinco años de cárcel.

Y es posible que las denuncias se sucedan porque, según la periodista Cristina Fallarás, la responsable de destapar el caso que acabó con la carrera de Errejón, «sólo es la punta del iceberg».

Su polémica no es la única que ha salpicado a Más Madrid en los últimos años. Esta formación se enfrenta con el protagonizado por Íñigo Errejón al tercer caso de presunta violencia sexual en sus filas en los cinco años de vida de la agrupación, desde que se constituyera como partido político en febrero de 2019.

La coportavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, puso en valor días atrás que, tras tener conocimiento hace una semana de las denuncias presentadas a través de la cuenta de Instagram de la periodista Cristina Fallarás, la formación actuó «de inmediato pidiendo explicaciones» a Errejón.

«Tras dar verosimilitud a dichos comportamientos, coordinamos con Movimiento Sumar el cese de todos sus cargos y la entrega de su acta de diputado, tal y como ellos estaban también valorando en ese mismo momento», indicó.

Dimisión en plena campaña

Pero el de Errejón no es el único caso que ha tenido que enfrentar Más Madrid en su corta existencia. Ha sido otra de las coportavoces, la líder municipal Rita Maestre, la que se ha remontado a la campaña de las elecciones generales de 2019, cuando «Más Madrid vivió una denuncia de agresión sexual en el ámbito municipal».

La edil se refería a quien fuera su compañero de escaño en el Palacio de Cibeles, Pablo Soto, que finalmente renunció a su acta después de la «contundencia», como describía la propia Maestre, de los hechos recogidos en el informe elaborado por una experta en violencia de género, ajena al grupo, tras ponerse en contacto con todas las partes y con testigos del posible caso de acoso sexual.

Inmediatamente Más Madrid puso en marcha un protocolo antiacoso y contrató a una experta en violencia machista con el fin de establecer recomendaciones y líneas de actuación.

«Sé que puedo ser un bocachancla y que a veces he hecho bromas sexuales a mi familia y a mis amigos cercanos. Sin embargo, no recuerdo ese episodio», aseguraba Soto, una versión que, según la dirección del grupo municipal, «no concordaba con la de la víctima», compañera de la organización, a la que concedían absoluta veracidad. Esto les llevó a exigir la dimisión al su entonces edil. «El concejal afectado, en medio de una campaña electoral, dejó su acta menos de cinco días después. No nos ha temblado el pulso nunca, nunca hemos intentado tapar nada», subrayó en este sentido Rita Maestre en la rueda de prensa con la cúpula del partido.

Un pacto dinamitado 

Leganés fue el epicentro de otro episodio de presunta violencia sexual dentro de sus filas. La concejala de Más Madrid-Leganemos, Eva Martínez, interponía en junio de 2021 una denuncia por violencia de género contra su compañero de partido y portavoz en la localidad, Fran Muñoz. También solicitó una orden de alejamiento por presuntos episodios violentos acontecidos supuestamente en el ámbito privado y profesional. Ambos habían sido pareja sentimental durante cuatro años.

La edil finalmente dimitía como parte del Gobierno de Leganés, aunque sin renunciar a su acta, por la «inacción» del entonces alcalde, el socialista Fran Llorente, al no pronunciarse sobre su acusación por violencia de género.

Ya entonces Mónica García, quien fuera líder de la oposición en la Asamblea, constataba que «la política no se salva» de la violencia machista y defendía que la formación había actuado con «contundencia» exigiendo el acta al edil de Leganés. Rita Maestre, a su vez, reivindicaba a su partido como «ejemplar» en la lucha contra la violencia machista.

Más Madrid activó los protocolos y suspendió de militancia a Muñoz iniciando una investigación interna, quien declaró que la denuncia de ese incidente machista era falsa y que sólo buscaba destruirle «en lo personal y lo político».

La denuncia de la edil Eva Martínez en la Comisaría de la Policía Nacional de Leganés derivó en un juicio rápido en el Juzgado de Violencia contra la Mujer del municipio, que abrió fase de instrucción.

El entonces alcalde de Leganés, el socialista Santiago Llorente, decidió romper el pacto de Gobierno con Más Madrid-Leganemos ante la «parálisis de la gestión», que achacó a los problemas internos de la coalición tras la denuncia. El Ejecutivo del PSOE se escudó en que no se pronunciaron sobre lo relatado hasta que hubiese una resolución judicial por considerar que se trataba de un asunto privado.

Finalmente el Juzgado de Violencia archivaba en diciembre de 2021 la denuncia por maltrato psicológico que interpuso la edil contra su expareja sentimental.