El debate sigue abierto a la espera de recabar las conclusiones de los últimos informes pendientes de resolver, pero elAyuntamiento ya ha definido su propuesta para solventar de una vez por todas las cuestiones legales que afectan a sus competencias en el mantenimiento y conservación de las zonas privadas de uso público repartidas por el término municipal.

El equipo de Gobierno fija para el tercer trimestre de 2025 la aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. En ese momento entrará en vigor la propuesta de asumir hasta un máximo del 30% de los gastos derivados de las inversiones que requieran estas zonas.

El Ayuntamiento plantea llegar a acuerdos concretos con las comunidades a través de convenios de colaboración que estarán determinados por los presupuestos de las actuaciones propuestas y por la disponibilidad económica de la administración local, así como otros criterios técnicos que están por establecerse de forma concreta en la futura normativa.

La cuestión que afecta a las zonas privadas de uso público viene de lejos. La tramitación en el año 2014 del nuevo plan de urbanismo debía regular por fin de manera legal una situación que ya era un frecuente motivo de conflicto entre las comunidades de vecinos afectadas y el Ayuntamiento.

Entonces se detallaron más de 200 zonas con documentación certificada para considerarlas de titularidad privada, aunque de uso común. Una vez mapeada esta relación de calles y plazas, quedaba por resolver quién y cómo debía asumir los costes relacionados con averías y reparaciones en estos suelos. Y ese es el paso que se pretende completar el Ejecutivo con la revisión del PGOU.

Los numerosos intentos y planteamientos impulsados por los diferentes equipos de Gobierno durante este tiempo no han satisfecho a las partes implicadas y tampoco han servido para zanjar todas las cuestiones legales que pueden surgir en la aprobación y desarrollo de cada actuación.

No es una cuestión menor, ya que estas zonas ocupan en su conjunto 297.000 metros cuadrados, según los últimos cálculos municipales. Estas circunstancias y la experiencia del pasado reciente invitaron al actual bipartito a definir las competencias exactas de la administración pública en la conservación de estos espacios. 

El problema parecía encarrilado en la primavera de 2023. El entonces alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa (PSOE), avanzó que la administración local sufragaría los gastos derivados de la limpieza urbana y del mantenimiento del alumbrado, del mobiliario y de los espacios ajardinados.

También aclaró que el Ayuntamiento nunca se haría cargo de los gastos derivados de la impermeabilización de los suelos o del arreglo de los elementos estructurales que den soporte tanto al pavimento como a otras edificaciones.Ese punto es el que queda por resolver.

Entonces se propuso la creación de un plan de actuación que tomara el relevo a los convenios suscritos hasta entonces con los vecinos.Parecía que la decisión estaba tomada, pero el cambio de guardia en el uno de Plaza Mayor dio paso a una nueva vuelta de tuerca. PP y Vox destacaron al asumir la gestión municipal la necesidad de considerar todos los detalles técnicos de la propuesta y sus posibles implicaciones jurídicas, descartando la elaboración de un reglamento específico.

Así, a falta de concretar los últimos detalles que darán forma a la normativa la administración local asumirá a partir de 2025 hasta un 30% de las inversiones relacionadas con reparaciones y arreglos para colaborar con las comunidades de vecinos afectadas. Una posición que recupera el planteamiento ya establecido hace una década. 

En los mandatos de Javier Lacalle el Ayuntamiento alegó que el artículo 131 del Plan General ya contemplaba esta cuestión.Por ello, se limitó a aportar el 35% de la obra prevista entonces en el barrio de SanJuan de los Lagos -desoyendo las sugerencias del Procurador delComún- y repitió la fórmula en otras actuaciones completadas en otras zonas privadas de uso público como Cicasa- Beyre, Padre Silverio o la Subida de San Miguel.

Desde entonces se propusieron diferentes alternativas que, bien no cuajaron, bien dejaban al descubierto posibles debilidades jurídicas. Con esta medida se pretende resolver un asunto complejo. No en vano, el cálculo elaborado en 2020 estableció que si el Ayuntamiento asumiera al completo las competencias sobre estas zonas necesitaría, al menos, 30 millones de euros.

Del mismo modo, el área de Urbanismo asume la necesidad de ser proactivo en la conservación y mejora de las plazas y vías más afectadas. Es el caso de la calle Calzadas, punto de paso del Camino de Santiago. Allí se plantea una rehabilitación integral en una tarea que necesitará el consenso con los vecinos.