Lola siempre ha trabajado cuidando a personas mayores pero la pandemia la dejó sin empleo. La señora a la que acompañaba falleció de covid y a raíz de aquello estuvo seis meses sin ningún tipo de retribución. Solicitó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) este último mes de mayo y en junio supo que se lo habían denegado: el problema, según le dijeron, era que vivía con su hermana.
Lo que le ocurrió a esta mujer dominicana es similar a un problema que sufren decenas de peticionarios en la provincia de Burgos y que tiene su origen en un evidente distanciamiento entre la normativa y la realidad. La clave reside en que exige que para determinados requisitos se emita "un certificado expedido por los servicios sociales competentes", que deberían determinar por ejemplo el domicilio real de los solicitantes o el grado de parentesco con otros empadronados en el mismo lugar, algo fundamental a la hora de delimitar los ingresos de una unidad familiar.
Esos requisitos deben ser objetivables y por eso necesitan un "certificado". Pero sucede que los trabajadores sociales, que son quienes conocen la situación de las familias solicitantes, no pueden emitir a nivel administrativo algo considerado como tal, sino que necesitan la ratificación de la Secretaría General de las entidades locales: los ayuntamientos o la Diputación Provincial, en el caso de los pueblos más pequeños. Y los secretarios a su vez argumentan que ellos no pueden saber las circunstancias concretas de cada solicitante, porque sería una tarea ingente y porque no les corresponde a ellos.
Esta situación de bloqueo kafkiano, fruto de las peores consecuencias de un enredo burocrático, estaría afectando a unas 70 personas solo en la capital burgalesa, según datos aportados por diversas entidades sociales a este periódico. La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Sonia Rodríguez, admite de las dificultades existentes y explica que la Seguridad Social, la que gestiona estas prestaciones, "está acostumbrada a trabajar con valoraciones muy objetivas, pero aquí existe la dificultad de que al ser muchos de los optantes personas con circunstancias vitales complicadas o muy vulnerables, a veces las circunstancias no se pueden objetivar".
Demasiado rígido. Rodríguez subraya la bondad de que exista una Renta Básica Universal y que sea igual en todo el país, controlada por el Estado, pero reconoce que la rigidez administrativa es algo que no concuerda con las dificultades reales de los servicios sociales. "El punto de partida es adecuado pero su desarrollo demasiado estricto", concluye.
María Gutiérrez, coordinadora de Acción Social de Cáritas, observa "poco diálogo" entre administraciones, puesto que la carga de trabajo se reparte entre la Seguridad Social que gestiona y los ayuntamientos que participan con sus trabajadores sociales, y reclama "flexibilidad para solucionarlo entre unos y otros", porque además advierte de que el perfil de los usuarios afectados "es precisamente los que tienen todavía más dificultad para cumplir lo que se pide, porque están compartiendo vivienda entre varios en un mismo domicilio, personas sin hogar, migrantes que comparten un piso o que no disponen de un contrato de alquiler" que les permita acreditar el empadronamiento.
El exsecretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ya no era el responsable de este departamento cuando se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital, pero es perfectamente conocedor de la situación y se muestra muy preocupado por el deficiente funcionamiento de los mecanismos que deberían permitir el mayor acceso posible a las personas necesitadas.
"Sé que hay muchos ayuntamientos donde no se está certificando, pero otros sí como en Madrid, La Coruña, Barcelona o Valencia, y en cualquier caso el administrado no tiene por qué ser la víctima de estas circunstancias. Es un desastre que supone en la práctica el peor de los efectos posibles, porque la gente que está peor lo sufre. El típico ejemplo de cómo la lealtad institucional en este caso no existe, porque nadie se aparta un ápice de lo que considera su obligación o de lo que pone la norma para permitir que el ciudadano no salga perjudicado".
La guinda al pastel. Granado además hace hincapié en lo que a su juicio es "la guinda al pastel, una situación todavía más triste y decepcionante para los que nos importa esto", porque en el caso de los IMV inadmitidos, ni siquiera rechazados, la Junta de Castilla y León no concede tampoco la Renta Mínima de Inserción. "Dejan absolutamente sin nada, sin una cosa ni la otra", subraya Octavio.
Lo ideal sería que durante la tramitación del Ingreso Mínimo quienes están en un callejón sin salida, sin otro tipo de ingresos, pudieran cobrar la Renta para estar protegidos y sin embargo también hay dificultades para cobrarla. Esa inadmisión por parte de la Seguridad Social los deja en una especie de limbo.