A estas alturas del verano, a punto de despedir julio, habitualmente en nuestro país los debates y enfrentamientos políticos estaban en nivel ya menguante, con un ojo en la continua y cansina pelea con el rival y otro en las vacaciones de agosto. Todo a medio gas. Los asuntos judiciales, también ralentizados.
Pero 2024 no es un año cualquiera. Las matemáticas resultantes de los comicios generales del año pasado y de los autonómicos catalanes de este, con la polémica, explosiva y recurrida Ley de Amnistía y la formación de las mayorías precisas para gobernar en Madrid y en Barcelona de por medio, han tensionado sobremanera las sedes parlamentarias, los partidos, los medios de comunicación y la calle. El clima hace meses que sobrepasó la discrepancia partidista y se instaló en la descalificación, el fango y los adjetivos gruesos, y en una recurrente judicialización, a veces con argumentos y otras con meros intereses propios. Pero eso lo discernirán los tribunales.
Convertidos en menú diario de la prensa este agrio caldo de cultivo y un temario incendiado por la amnistía, asunto que sí contiene una vital importancia para el país, su organización territorial, su futuro, su imagen y para la calidad de la propia democracia, muchos lamentan que las prioridades más domésticas y más precisas para salir adelante de la mayoría de los españoles quedan relegadas en la agenda principal de las distintas administraciones y de los partidos políticos.
Sin dejar de reconocer la gravedad, los agravios y los riesgos que acarrean los movimientos y cesiones del PSOE a ERC y Junts, a millones de ciudadanos les quitan más el sueño las interminables listas de espera en la sanidad, la desorbitante e inasumible subida de los alquileres de viviendas -y no solo en zonas turísticas- y que los precios de los productos básicos -y de casi todos- hayan crecido en los últimos años bastante más que los salarios.
También preocupa que el priorizar la alta velocidad entre capitales haya aislado a infinidad de pueblos dejándolos sin los trenes convencionales. Se pide que las ayudas a la dependencia se tramiten con prontitud para que sean efectivas y que la FP y las universidades sean más ágiles y den respuestas en tiempo y forma a las demandas; que se potencie y bonifique el cambio de vehículos viejos y contaminantes por otros más sostenibles, que los salarios sean dignos y justos...
La sociedad española precisa que estos asuntos, además de estar agendados, sean de verdad impulsados y objeto de análisis y propuestas razonadas y contrastadas desde todas las siglas. Que la lucha por el poder no merme el verdadero objetivo de este, que siempre debe ser atender y resolver las necesidades de los ciudadanos.