Punto y final para una reclamación patrimonial que no ha tenido precedentes en el Ayuntamiento de Burgos. La historia viene del escrito registrado el pasado mes de noviembre en el que, haciéndose eco de la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas, en la que se señala que «a las personas que, sin venir obligadas a ello por razón de su cargo o funciones, promuevan la investigación denunciando la existencia de bienes y derechos que presumiblemente sean de titularidad pública, se les abonará como premio e indemnización de todos los gastos el diez por ciento del importe en el que hayan sido tasados en la forma prevista por esta Ley», el exconcejal de IU Jesús Ojeda solicitó que se le pagara dicho porcentaje del precio de un solar ubicado en Juan XXIII.
Para entender el caso hay que remontarse a abril de 2011, fecha en la que el actual alcalde, Javier Lacalle, que por entonces era concejal de Fomento, ofreció una rueda de prensa en el Ayuntamiento junto a una empresa privada para anunciar que se iba a construir un párking en el subsuelo de Juan XXIII, concretamente en un solar propiedad del Arzobispado. Según se dijo, la empresa y la Iglesia ya habían llegado a un principio de acuerdo para la venta del terreno y el Ayuntamiento bendecía la operación. Pero IU denunció que el suelo era de la ciudad, y no de la Iglesia. Aportó documentación histórica que así lo indicaba y los técnicos municipales, primero, y la Justicia, después, demostraron que IU tenía razón.
el ‘no’. Dado que Ojeda, en su condición de historiador y exconcejal, realizó buena parte de la investigación que sostuvo la denuncia de IU, echó mano de la citada Ley y presentó el escrito, tal y como ya publicó este periódico en su momento. Sin embargo, el decreto que rechaza su petición replica lo que el propio Ojeda ya avanzó que sucedería. Sostiene el decreto que existe un problema de forma y otro de fondo. El formal es que el primer escrito en el Ayuntamiento para exigir que se investigara la titularidad del suelo no lo firmó él, sino el actual concejal de IU, Raúl Salinero. El de fondo es que la Ley especifica que para tener derecho al 10% de ‘recompensa’ es necesario que el bien denunciado no esté inscrito a nombre de la administración a la que va a ir a parar, y esto no se cumple porque lo que hay en Juan XXIII es un doble registro, uno a nombre de la Iglesia y otro al de la ciudad.
Además, abunda que el denunciante debe anticipar el importe de las investigaciones que deriven en el descubrimiento del bien (el caso del Odyssey es un ejemplo claro).
La noticia no ha sorprendido a Ojeda, que replica lo que ya dijo en su momento: «Obviamente no esperaba el dinero (unos 200.000 euros), pero sí poner el acento sobre un tema muy oscuro. Si, como dice el decreto, el suelo ya estaba inscrito a nombre del Ayuntamiento, ¿por qué Lacalle bendijo su venta por parte del Arzobispado?», se pregunta. A pesar de que podría acudir a la vía contencioso-administrativa, el exconcejal da el asunto por terminado.