Las desavenencias entre el Gobierno central y la Junta de Castilla y León a la hora de alcanzar un acuerdo sobre el programa María Goyri, de incorporación de nuevos profesores a las universidades públicas, han frustrado las expectativas con las que contaba este año la UBU para incrementar su plantilla con 37 profesores más en la categoría de ayudante doctor. De hecho y dadas la necesidades de estas contrataciones para asumir la carga de docencia, la institución  asumirá con sus propios fondos las ocho plazas que ya ha sacado a concurso y la que falta por aprobar por parte del Consejo de Gobierno.

El vicerrector de Personal Docente e Investigación, José María Cámara, cifra en torno a 400.000 euros los fondos que no han llegado este ejercicio académico correspondientes al salario de tres meses de los 37 nuevos docentes y que «damos por perdidos». Es en este punto donde hace referencia a las distintas versiones que proceden de las administraciones públicas. Por un lado, alude a que para la Junta la situación de ese dinero no es tal porque el programa comenzará a implantarse en 2025, además de que al estar en la recta final del año «no daba tiempo a ejecutarlos» y las academias tendrían que devolverlos «con intereses», tal y como explicó la semana pasada la propia consejera de Educación, Rocío Lucas, en el Pleno de las Cortes.

La postura del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades es la contraria por cuanto el convenio con el Gobierno autonómico se tendría que haber firmado antes del 4 de diciembre, tal y como se llevó a efecto el día 2 con otras 16 Comunidades Autónomas, añadiendo en este punto que al no cumplirse esa fecha (se aprobó el pasado jueves) «no podrá acceder a la financiación prevista para este  2024», según recoge en su página web la cartera de Diana Morant.

En cualquier caso y antes estas dudas, el responsable académico de la UBU pide diálogo para «que se pongan de acuerdo y resuelvan todas las incertidumbres» con el fin de que el grueso de los nuevos profesores puedan incorporarse cuanto antes a las aulas debido a que su ausencia «repercute de forma negativa en la docencia y en la investigación». Al respecto, explica que esta necesidad viene derivada de la entrada en vigor de la nueva Ley del Sistema Universitario (LOSU), que reduce la carga docente de los asociados y de los ayudantes doctor y, por tanto, requiere del incremento de la plantilla para cubrir todas las horas. De hecho, según añade, esas nuevas plazas así quedaron recogidas en la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en verano, de tal forma que la institución ha tenido que realizar «encaje de bolillos» trasladando, por ejemplo, esas horas de clase al segundo semestre, que comienza en febrero o incorporando a profesores sustitutos.

Retraso en la implantación. Cámara se mantiene al margen de la postura de cada administración, si bien realiza algunas puntualizaciones. Por un lado, recuerda que las previsiones iniciales pasaban por que ese personal pudiera comenzar a trabajar en septiembre, aunque reconoce que «nunca existió una mínima posibilidad», y en este sentido considera que ese retraso puede resultar más atribuible al Ministerio. Por otro, sostiene que el hecho de que la Junta no dé por pedido ese dinero «no está escrito ni este sentido ni el que explica el Gobierno central». No obstante, comprende que el Gobierno regional se muestre «quejoso» con el procedimiento debido a «algunas incertidumbres» que están encima de la mesa, como el hecho de «qué pasa con la financiación de esas plazas si las personas que las ocupan promocionan o se marchan» antes de los seis años de contrato.

Con todo ello, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado jueves la firma de dicho convenio con el Ministerio. Contempla la creación de 445 puestos de ayudante doctor. Del coste de 269, donde se incluyen los 37 iniciales, se ocupará este último y de 176 la Junta, dentro de su Programa de Incorporación de Talento, elevando hasta los 61 los que corresponderán a la UBU.