Daniel Ruiz del Valle Sánchez comenzó a sospechar en 2004 que la malformación que sufría de nacimiento en su brazo y, que afectaba a su hombro y pectoral derechos e incluso a su pulmón -aunque eso pocos lo saben-, podía deberse a que su madre tomó talidomida durante su embarazo. Tenía 35 años y hasta entonces desconocía el por qué de su caso en una familia de seis hermanos, todos ellos sin problema alguno. En aquel año se fundó la asociación de víctimas en España y el asunto comenzó a tener eco en los medios de comunicación. La primera noticia la vio en televisión. En febrero de 2020 recibió una carta del Comité científico técnico de la talidomida en el que le confirmaban oficialmente que presentaba un patrón de anomalías compatibles con las que producía el medicamento.

Es el único afectado de Burgos y uno de los diez de Castilla y León que superó este filtro. Otros 38 castellanoleoneses, entre ellos una vecina de la Merindad de Montija, quedaron descartados, aunque algunos empiezan ahora a ganar demandas y constatar que sus extremidades deformes son fruto de lo que Daniel califica como «una tropelía de este país».

Recién jubilado con 56 años, gracias a una normativa para personas con discapacidad de 2009, y tras 27 vendiendo cupones de la Once en Villarcayo y su entorno, se muestra contento por todo lo logrado por el colectivo de afectados. Pero no duda de que hubiera renunciado a toda compensación por «una vida plena».

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