Los datos son fríos en muchas ocasiones.Al mismo tiempo, la mayoría de las veces no dejan lugar a la doble interpretación y eso ocurre con los expedientes abiertos por la Policía Local relacionados con la venta de vehículos en la vía pública. Según recoge la evolución de los registros de la Memoria Anual del Cuerpo municipal, esta práctica se da por erradicada desde hace año y medio tras la aplicación estricta de la normativa vigente y los cambios en los modelos de compraventa.

Después de varios altibajos en la evolución de las estadísticas, ni a lo largo del pasado año ni en el primer cuatrimestre de 2024 se abrió expediente alguno por esta cuestión. El artículo 35 de la ordenanza reguladora de la Venta Ambulante especifica que la Policía Local «podrá ordenar la retirada del vehículo y su traslado hasta el lugar habilitado al efecto como depósito», aplicando posteriormente el cobro del servicio y sus tasas correspondientes.

La norma no es nueva, ni mucho menos, ya que su modificación se aprobó en el año 2008. Entonces, la patronal de la venta de automóviles advirtió al Ayuntamiento que esta práctica suponía una competencia desleal que no genera ningún empleo ni paga impuestos, además de mover dinero negro. Y, sobre todo, no ofrece ningún tipo de garantías al comprador.

Aquel movimiento del sector, sin embargo, no evitó a corto plazo una actividad que resultaba habitual y conocida en la calle durante muchos años. Los carteles de 'se vende' se multiplicaban en las ventanas de coches y furgonetas y en 2019 la cifra de sanciones relacionadas con este asunto aún llegaba al centenar.

La crisis sanitaria también disminuyó esta relación de compraventa con 26 expedientes en 2020, aunque el repunte experimentado en 2021 volvió a los parámetros habituales al acumular 96 sanciones.

Hasta que en 2022 a la actuación de la Policía se sumaron otros factores y el efecto es evidente. Entonces los expedientes se redujeron a 42 (más de la mitad) y en 2023 ya se alcanzaron los cero casos, al igual que en este comienzo de año.

Esta práctica estaba tan asumida que el 90% de los expedientes abiertos se concentraban frente a los accesos del centro comercial Camino de la Plata, ajustándose a las condiciones que impedían su autorización. Esto es, «fuera de un establecimiento permanente, en la vía pública o en espacios de uso o domino público, y generalmente en zonas de gran concurrencia de público». Como si de un concesionario improvisado se tratase, la venta de vehículos de segunda mano se realizó durante años en estas condiciones, excepción hecha de aquellos que cuentan con la autorización municipal pertinente.

«Ya no detectamos coches se vendan en la vía pública. La ordenanza nos permite retirarlos de la calle y, además, ahora hay varias empresas que se dedican a esto», explica el intendente jefe de la Policía Local, Félix Ángel García.