España es el tercer país de la Unión Europea que más ha elevado la presión fiscal. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno se han aprobado un total de 81 subidas de impuestos y cotizaciones y la voracidad continúa. Según un informe del Instituto Juan de Mariana publicado esta semana, el impacto de las subidas fiscales entre 2019 y 2023 suponen unos 2.200 euros por hogar. En total, la recaudación se ha elevado en este periodo a 42.000 millones de euros, de los que 27.100 millones corresponden al incremento por la no adecuación de la tarifa del IRPF a la inflación.
Pero no debe parecerle al Gobierno que este hachazo haya sido suficiente, ya que prepara un plan fiscal que, con la excusa de las exigencias de Bruselas sobre déficit y deuda pública, va a suponer una nueva subida de impuestos y no precisamente a los ricos sino a todos los ciudadanos, incluidos los parados. Mañana vuelve a reunirse la Comisión de Hacienda en el Congreso después de varios intentos por la falta de acuerdo entre los socios del Gobierno. En todo caso, si saliera adelante el plan, contempla algunas medidas extremadamente peligrosas para el mercado inmobiliario y para el sistema público de salud. Imponer a las pólizas de seguro de salud privados un IVA del 21% hará que muchos de los 12,5 millones de españoles que tienen una de estas pólizas se vean en la obligación de darse de baja, incapaces de afrontar la subida, y acudan a una sanidad pública ya bastante deteriorada.
En el caso de la eliminación de los incentivos fiscales a las SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) supone que la tributación pasaría del 1% actual al 25%. El perjuicio de este cambio no se deriva solo del anuncio de la posible salida de España de algunas de las más importantes empresas del sector como Merlin Properties o Colonial sino también de la inseguridad jurídica que provocaría en los inversores internacionales y nacionales, que han profesionalizado el sector y lo han hecho más grande también en el alquiler de inmuebles. El roto sería tan grande que hasta la CNMV ha pedido al Gobierno cautela.
Habrá que esperar a mañana para comprobar si sale adelante esta locura recaudadora, que se nos vendió como una subida fiscal a los ricos y que finalmente dañará la sanidad pública, la inversión inmobiliaria, a los autónomos, a los parados y a la clase media con las subidas del diésel, el tabaco, los pisos turísticos o el ahorro dañando aún más la renta disponible de millones de españoles.