Desde el 25 de marzo de 2021, fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado la ley que lo regula, existe en España el derecho de solicitar la eutanasia, una norma que salió adelante después de un enorme debate social, propio de un asunto tan delicado como es el final de la vida, y que se llevaba planteando en el país desde hacía muchos años. Las dificultades y obstáculos que ponían determinados partidos políticos o el hecho de que durante mucho tiempo ni siquiera se planteara legislar al respecto se toparon con una sociedad cada vez más a favor de que un individuo en plenas facultades pudiera tomar la determinación de morir ante un sufrimiento insoportable. En enero de 2021, dos meses antes de que se hiciera ley, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) avanzaba que el 72% de las personas en España estaban a favor de la eutanasia. Desde su entrada en vigor hasta el pasado 8 de abril de 2023 en la provincia de Burgos dos personas solicitaron ejercer este derecho, recibieron la autorización correspondiente y lo realizaron.
No consta que, en el ámbito provincial, ninguna solicitud de morir decayera en esos dos años por el fallecimiento de la persona durante la gestión del proceso; tampoco se denegó ninguna petición realizada y, hasta el 8 de abril del año pasado, no había ninguna pendiente de llevarse a cabo. Son datos que este periódico ha conseguido obtener después de más de año y medio de espera e insistencia, primero ante el departamento de Prensa de la Consejería de Sanidad, que negó la información argumentando que «las cifras eran tan pequeñas que sería sencillo conocer la identidad de las personas», y, más tarde, gracias a la intervención del Comisionado de Transparencia, que recibió el mismo argumento por parte de la Junta pero que lo rebatió y entendió que Diario de Burgos tenía derecho a acceder a esta información.
Un año y siete meses han pasado desde que el 8 de abril de 2023 (razón por la que los datos facilitados y que aquí se consignan se frenan en esta fecha) se presentó la reclamación al Comisionado por parte de este periódico hasta que la Junta ha obedecido a esta institución y ha facilitado la información para público conocimiento.
Los únicos números oficiales que hasta ahora se han publicado con respecto al uso que se ha dado en el país de este derecho están en el Informe de Evaluación Anual 2022 sobre la Prestación de Ayuda a Morir que publicó el Ministerio de Sanidad y que solo ofrece cifras por comunidades autónomas, es decir, que excluye cómo ha impactado la nueva ley en las diferentes provincias españolas. Así, se sabe que en Castilla y León ese año se registraron 25 peticiones y que se realizaron 10 (el 40%).
(Más información en la edición en papel de hoy de Diario de Burgos o aquí)