Tras llegar al Juzgado la investigación policial abierta este verano al descubrirse que once cachorros habían sido arrojados en un saco dentro de un contenedor, la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Burgos ha decidido contratar los «servicios veterinarios» para realizar un análisis de ADN» a uno de los animales que sobrevivió a esa agresión.

Aunque la Policía Local ya practicó la detención de los presuntos autores del abandono de los cachorros, tras una investigación en la que se visionaron las grabaciones realizadas por cámaras del polígono de Villalonquéjar, el Juzgado ha pedido que se profundice en el análisis de lo sucedido y en el Ayuntamiento han decidido que un análisis de ADNa un cachorro podría aportar una nueva prueba ya que podría verse el vínculo genético con los padres de los cachorros y con los dueños de este animal. Los detenidos podrían haber incurrido en un delito contra los animales recogido en el Título XVI Bis del Código Penal, concretamente en el artículo 340, que contempla por abandono de cachorros condenas de multa de entre uno y seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad.

El pasado 15 de noviembre se firmó la resolución en la que se acuerda la realización de la prueba de ADN y el gasto de 250 euros que asumirá el Ayuntamiento por la realización del análisis.

El artículo 77 de la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales detalla, dentro de su régimen sancionar que el «incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones exigidas por esta ley cuando se produzca la muerte del animal, siempre que no sea constitutivo de delito, así como el sacrificio de animales no autorizado» se considera una infracción «muy grave» y, como tal, puede conllevar sanciones de entre 50.001 y 200.000 euros.

Ordenanza. Más allá de lo que aparece reflejado en el Código Penal y en la Ley de Bienestar Animal, el Ayuntamiento de Burgos tiene pendiente la modificación de la ordenanza sobre animales de compañía.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha detallado que se está a la espera de que se profundice en la reglamentación de la Ley ya que se entiende que el Ayuntamiento podría precipitarse si no espera a ver cómo se regula exactamente esta normativa.