Fueron necesarios varios varapalos judiciales para que el Ayuntamiento reaccionase ante el aluvión de recursos contra los llamados foto rojo. Los tribunales exigían una señalización que advirtiese a los conductores de su presencia y, tras hacer oídos sordos durante meses, finalmente la administración municipal claudicó y acató el mandato. A juzgar por el balance de daños, la factura no le va a salir nada mal al Consistorio. Hace unos días, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, autorizó la devolución de tan sólo 25 denuncias de estos semáforos espía. Fueron las únicas que habían sido recurridas. 

La reacción tardía a los fallos contrarios de los dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Burgos no ha causado demasiado perjuicio a las arcas municipales. Para llegar a esta conclusión sólo hace falta echar mano a los números. En los cuatro años previos a la señalización, los seis dispositivos distribuidos por toda la ciudad (avenida del Arlanzón, dos en la avenida de la Paz, dos en calle Vitoria y uno en avenida del Cid), detectaron más de 25.098 infracciones. Todas ellas hubieran sido susceptibles de recurso, bien por la vía administrativa, bien por la judicial. 

La primera sentencia favorable a un ciudadano fue en marzo de 2021. Fue el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 quien le dio la razón y abrió la veda a una cascada de recursos. Por entonces, el otro tribunal compraba la tesis del Consistorio y a esa circunstancia se agarraron en el número 1 de la Plaza Mayor para no poner remedio y evitar la cascada de alegaciones. 

Eso no ocurrió y un cambio de titularidad en el otro juzgado fijó un criterio único sobre las multas del foto rojo. Ambos coincidían en que la no señalización podía entenderse como un afán recaudatorio. Tras varios regates, y el pago en costas de decenas de sentencias, la concejalía de Seguridad Ciudadana terminó acordando la colocación de vinilos unos metros antes de los postes de los semáforos. Se llevó a cabo en agosto de 2022. 

La medida cortaba la posibilidad de prosperar más recursos, pero muchos conductores tuvieron más de un año para lograr anular sus multas. Sólo 25 lo hicieron. El Ayuntamiento acordó hace unos días su anulación y la devolución de los 200 euros abonados, lo que supone un montante total de 5.000 euros. Cabe recordar que esta denuncia lleva aparejada la pérdida de cuatro puntos del carné, la cual también queda anulada. 

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, aclara que «no se pueden devolver multas si no se han recurrido, pues las sanciones son firmes». La propia DGT explica que en caso de abonarse y beneficiarse del descuento del 50% no se puede acudir a la vía administrativa porque el pago lleva aparejada la asunción de la responsabilidad de la infracción. Cabría la judicial, aunque las posibilidades de prosperar son prácticamente nulas.