El uso de la plaza de toros Ribera del Duero por parte del Ayuntamiento arandino es más plausible de lo que se podría pensar, dada la situación en la que se encuentra ahora mismo el conflicto entre la administración local y la empresa propietaria, Toros Ricor. Al menos eso se extrae del planteamiento expresado ayer por el PSOE en el transcurso de la comisión informativa de Obras y Urbanismo que se celebró con carácter monotemático. Desde la filas socialistas se propuso la redacción de un informe jurídico para conocer qué opciones tiene la administración local y cómo plantear ante los tribunales la resolución del contrato, tanto en la vía civil como en la judicial, incluyendo la reclamación de daños y perjuicios. «Dentro de la vía civil, creemos que como no vamos a tirar la plaza, el Ayuntamiento debería quedarse con ella por daños y perjuicios por todos los incumplimientos del contrato por parte del empresario», explicó Luis Briones, portavoz del grupo municipal socialista. A renglón seguido, Briones lanzó esta sugerencia novedosa a la que se podría acudir mientras dure el proceso judicial. «Hasta que haya una resolución firme por parte de los tribunales, solicitar, como medida cautelar, la reversión de la plaza para que se puedan celebrar festejos taurinos», aclaró Briones.
Esta propuesta cuenta con el beneplácito del edil de UPyD, Javier Ávila. «Creo que no podemos quedarnos sin festejos taurinos durante todo el proceso judicial, ya que el contrato se ha incumplido, que se solicite por parte del Ayuntamiento medidas cautelares para, por lo menos, realizar la feria taurina», argumentó. Por su parte, el concejal de IU, Julio Pinillos, planteó en voz alta una duda que podría tener cualquiera. «Nosotros vemos un problema porque si la plaza es ilegal para Toros Ricor porque no cumple ciertas normas, supongo que para el Ayuntamiento también será ilegal porque seguirá sin cumplirlas, ¿o es que no hace falta que hagamos aparcamientos o que no cumpla todas las medidas del reglamento taurino? Lo que hay que hacer es que se cumpla el contrato», sentenció.
Por su parte, el responsable de la Concejalía de Obras, José Ignacio Díez, marcó un plazo máximo para que el equipo de gobierno tome una «decisión definitiva» sobre cómo actuar para el arreglo del conflicto existente en torno a la plaza de toros. «No puede pasar de Semana Santa, del mes de abril, en todo caso, no podemos ponernos en mayo, para decirlo de una manera rotunda. Si no estaríamos de nuevo en las mismas fechas a las que estamos acostumbrados de revuelo, de tensión, de precipitación, previas a las fiestas patronales», concretó Díez.
En cuanto a la situación actual en el que se encuentra el «culebrón», como lo calificó de manera coloquial el edil de Obras, reiteró que el diagrama de flujo presentado en su día está claro y «ha ayudado a que hayan ido desapareciendo las distintas posibilidades». «Estamos al final de ese diagrama, en el que nos va dejando menos opciones, una de ellas es la demolición, que a cualquiera le parecería una burrada, y lo que ahora toca es la resolución pactada o no del contrato», aseveró el concejal.
De momento, y hasta que se tome la decisión definitiva por parte del equipo de gobierno, mañana se reunirán el edil de Obras y el de Festejos, Daniel Herrero, con los técnicos necesarios, para coordinar las posturas que se trasladarán después, en un par de semanas, a la junta de gobierno local. Todos estos trámites culminarán en una decisión definitiva, de la que se hará partícipe a la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, además de a otros colectivos interesados, como las peñas o los hosteleros.