El Tribunal Supremo ha puesto el punto y final a la batalla judicial por el Queso de Burgos tras no admitir el último recurso de casación interpuesto por la patronal nacional de la industria láctea (Fenil) contra el proceso de creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP), lo que da vía libre a los productores locales de este alimento tradicional y a la Junta de Castilla y León a proseguir con los trámites de protección ante la Comisión Europea.

El alto tribunal, explica Susana Duque, la abogada que ha defendido a los productores locales, ha considerado que el recurso de casación ante la sala de lo Contencioso-Administrativo interpuesto por Fenil no es de interés general, ni puede generar doctrina, por lo que ha acordado en una resolución ya firme el fin de la vía judicial en los tribunales ordinarios españoles, un proceso que se ha prolongado más de 20 años.

Fenil, que representa a los grandes de la industria láctea nacional, recurría una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que daba la razón a los cinco productores artesanales agrupados en la Asociación de Fabricantes de Queso de Burgos (Afaquebur), apoyada por FAE: Productos Lácteos Ovejero, productor de Briviesca; Lácteas Flor de Burgos, Lácteos Ruiz Angulo, Quesos de Sasamón y Mantequería Las Nieves, que lo elabora en Espinosa de los Monteros.

Estas empresas defienden la comercialización del Queso de Burgos protegido con la etiqueta de la IGP, lo que le distingue de otro alimento, el queso blanco industrial, que adoptó hace muchos años el nombre comercial 'Burgos' para ganar la imagen de producto de elaboración artesanal que no es real.

El Itacyl, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ya tiene conocimiento de la resolución  del Supremo y harán lo propio con la Comisión Europea para que se incluya en el expediente de reconocimiento de la IGP Queso de Burgos.

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