Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado identificaron a un total de 40 personas por participar en las manifestaciones “no comunicadas” -por lo tanto, no autorizadas- que se produjeron en la capital burgalesa a partir del pasado 10 de enero de 2013 en contra de las obras del parking subterráneo y bulevar de calle Vitoria, en el barrio de Gamonal, así como para reclamar la absolución de las 47 personas que fueron detenidas durante los disturbios y actos violentos ocurridos en los primeros días.

Así lo confirmó hoy el subdelegado del Gobierno en Burgos, José María Arribas, a preguntas de los periodistas tras la presentación del denominado ‘Plan Mayor Seguridad’ a las entidades financieras que operan en la Comunidad por parte del delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano.

En este sentido, explicó que serán “los expedientes administrativos recibidos los que conlleven o no a sanciones”. Asimismo, indicó que estas 40 personas están vinculadas “en un grado u otro” en las manifestaciones “no comunicadas” y que serán “susceptibles de tramitar expedientes administrativos sancionadores”.

En cuanto a si los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fueron suficientes para afrontar las circunstancias que acontecían, Arribas aseguró que “la respuesta fue proporcional y ponderada de los hechos acontecidos”. Por su parte, Ruiz Medrano explicó que “lo que hace la Delegación y la Subdelegación del Gobierno es poner en marcha mecanismos sancionadores cuando llegan los expedientes”.

Además, resaltó que a lo largo de esos días los incidentes que se produjeron en Burgos “no favorecieron a nadie” a la vez que sostuvo que “no tienen nada que ver con la ciudad tan acogedora y envidiable que es Burgos”. Durante esos días, dijo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron “para cumplir con su obligación, que es la seguridad ciudadana de acuerdo a la ley”.

“Uno de los cometidos de los efectivos es garantizar los derechos de reunión y manifestación pero también garantizar los derechos de los que opten por no manifestarse”, argumentó Ruiz Medrano, y agregó que “estas garantías se ponen en peligro cuando se celebran sin la comunicación oficial y máxime cuando derivan en alteraciones del orden público”.