La inmigración ilegal ha abierto este miércoles una nueva brecha entre PP y Vox, los dos grupos que forman el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Burgos. Después de que esta mañana el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, anunciaran que la Policía Local iba a comenzar a perseguir los empadronamientos ilegales, el Grupo Municipal Popular ha respondido esta tarde que el contenido de las propuestas planteadas por su socio en materia de inmigración "se debatirán cuando se presenten ante el Pleno".

Los concejales de Vox -que dentro del equipo de Gobierno controla el área de Seguridad Ciudadana- han indicado que los agentes llevarán a cabo "inspecciones periódicas y visitas domiciliarias para comprobar la veracidad de la información proporcionada en los registros de empadronamiento y detectar posibles casos de inmigración ilegal". Estas medidas, promovidas por Vox, contaban con el respaldo de la otra pata del bipartito, según Martínez-Acitores y Peña, sin embargo, desde las filas populares han matizado horas después que esta propuesta, que finalmente no se incluyó en el orden del día del pleno de mayo, se debatirá en la próxima sesión plenaria. 

En una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, el Grupo Municipal del PP precisa que algunas de las medidas que plantean sus socios en el Gobierno local ya se están llevando a cabo, otras no son de competencia municipal y en algunas más no comparten el mismo criterio.