Ala mayoría de los alcaldes les da pavor siquiera pronunciar la expresión. No se atreven ni a mentarla porque la sola alusión a la cuestión de confianza supone asumir una posición de debilidad que ningún regidor municipal desea ocupar. Este instrumento, regulado en la Ley de Régimen Electoral General, está planeando estos días como fórmula para que el PP se sacuda la presión de Vox, su socio de gobierno en el Ayuntamiento, que le impuso suprimir las ayudas a tres ONG -Atalaya, Burgos Acoge y Accem- que trabajan con inmigrantes. Cristina Ayala tragó en un principio con la exigencia, pero el clamor social le hizo el jueves rectificar y anunciar que enmendará su propio proyecto de Presupuestos para otorgar de nuevo las subvenciones -119.000 euros- a esas tres asociaciones. En la rueda de prensa que dio sobrevoló la posibilidad de que hiciera uso de una cuestión de confianza si Vox rechaza devolver los apoyos a dichas organizaciones. Pero ella no pronunció ninguna de las tres palabras. Dijo que existen «mecanismos» para sacar adelante unas cuentas municipales si su socio rompe el pacto, pero tuvo que ser un periodista quien citara la expresión 'maldita' para que ella asintiera.
Más allá de que ese mismo jueves saliera Fernando Martínez-Acitores a escena para anunciar que su formación presentaría una transaccional que supedita la concesión de esas ayudas a que las ONG las destine solo a programas con extranjeros regulares, lo cierto es que en este año y medio de coalición la ruptura no ha estado tan cerca. De hecho, como publicó ayer este periódico, no está tan claro que los cuadros de mando nacionales de Vox vayan a permitir que sus ediles burgaleses den marcha atrás a su inicial negativa a subvencionar a Burgos Acoge, Atalaya y Accem. De manera que es posible que la cuestión de confianza pase a formar parte del vocabulario de la alcaldesa de Burgos. Y quien más sabe, o uno de los que más, sobre cuestiones de confianza no es otro regidor municipal de la capital, el socialista Ángel Olivares. De hecho, fue él quien inauguró el uso de tal instrumento entre los ayuntamientos de grandes capitales de España. Fue en 2001. «Y no me arrepiento de haberlo hecho, sino todo lo contrario», comenta ahora en charla con este periódico.
Pero antes de llegar a ese 5 de abril de 2001 en el que se sometió a dicha cuestión de confianza, a sabiendas de que iba a perderla, conviene hacer un poco de historia, sobre todo para que los lectores observen las diferencias y las semejanzas entre lo que ocurría en el número 1 de la Plaza Mayor hace dos décadas y lo que sucede ahora.
De las elecciones de 1999 salió una corporación municipal con representación de cinco partidos: PP (10 concejales); PSOE (9); Tierra Comunera (3); APBI (3) e IU (2). Una circunstancia que complicaba demasiado la formación de un gobierno. Pero las conversaciones de los de Olivares, el comunero Luis Marcos y Manuel Ortega, de Izquierda Unida, fructificaron y se formó aquel famoso tripartito. «Consideramos que los burgaleses querían un cambio en la ciudad y no había otra alternativa que ese pacto», afirma ahora Olivares. La coalición «comenzó bien, trabajando satisfactoriamente, con propuestas que salían adelante, como el impulso al proyecto del complejo de la evolución humana».
(Reportaje completo en la edición en papel de hoy de Diario de Burgos)