Hasta ahora ha sido la jurisdicción contencioso-administrativa la que se ha pronunciado sobre los distintos procesos surgidos en relación con la enajenación de terrenos municipales para la construcción de un nuevo coso cubierto y polivalente. Sin embargo, este asunto ha dado ahora un salto considerable al pasar a la vía penal. El Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda tramita, a instancias de la Fiscalía Provincial, un procedimiento penal por presuntos delitos de prevaricación cometidos por el Ayuntamiento. En concreto, investiga, aún sin determinar los imputados, si podría haberse cometido algún ilícito al haberse dejado prescribir el plazo para sancionar las infracciones urbanísticas detectadas por el propio Consistorio arandino en la construcción de la plaza de toros adjudicada a Toros Ricor.
Este procedimiento tiene su origen en la denuncia que la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros presentó ante las fiscalías Provincial de Burgos y Anticorrupción de Madrid en agosto de 2012, una vez tuvo constancia de que, en febrero de ese mismo año, había expirado el plazo de cuatro años que tenía el Ayuntamiento para sancionar las distintas infracciones urbanísticas detectadas por los propios técnicos municipales y que hubieran reportado a las arcas municipales, en forma de sanciones a pagar por el promotor, los constructores, proyectistas y directores de obra del coso, cerca de 2,5 millones de euros. Una importante cuantía que, a juicio de los integrantes del colectivo ciudadano, no se ha ingresado debido a la «deliberada inacción de nuestros regidores en beneficio de los indicados infractores».
Y es que, aunque en un principio se abrió expediente sancionador, en enero de 2011, siendo aún alcalde el socialista Luis Briones se declaró la nulidad de lo actuado. Sin embargo, dado que aún no había prescrito, no había más que volver a incoarlo y resolverlo antes de que se superara el plazo que la ley contempla para ello para hacerlo efectivo. Algo que ni la anterior corporación ni la actual, presidida por la popular Raquel González, llevaron a cabo.
«Por tres veces, nosotros dirigimos escritos al Ayuntamiento advirtiéndole de que se les iba a prescribir y de ser así lo denunciaríamos. Ni una corporación ni la otra hicieron nada y aquí estamos», explica Julián Mateos, abogado de la Plataforma por la Plaza de Toros, quien señala que se les ha permitido personarse como acusación popular, responsabilidad que ejercerán para depurar las responsabilidades civiles y penales que pudieran derivarse de los hechos investigados.
Silencio municipal
Se da la circunstancia de que el proceso fue derivado al Juzgado desde la Fiscalía después de que hubieran transcurrido los seis meses de plazo de que dispone para pronunciarse sobre un caso sin que el Ayuntamiento hubiera atendido los requerimientos que le cursó solicitándole información sobre el expediente de la plaza de toros. Según ha podido saber Diario de Burgos, hasta cinco habrían sido las ocasiones en que desde el Ministerio Público se remitieron escritos al Consistorio instándole a entregarle la documentación necesaria para llevar a cabo la investigación. En alguno de ellos, y a modo de advertencia, habría informado incluso de la potestad de la Fiscalía para decretar prisión incondicional, aunque habría resultado infructuoso.
Ante el silencio municipal, el Ministerio Público habría tomado la decisión de remitir la denuncia al juzgado para que sea este el que decida si continúa adelante, como así ocurrió. Sin embargo, también el tribunal se habría encontrado con dificultades para lograr la colaboración del Ayuntamiento. En este caso, tras dos primeras peticiones por escrito del expediente, el pasado 3 de diciembre fue uno de los funcionarios del juzgado en persona el que se presentó en la Casa Consistorial para requerirles de nuevo los datos, en principio únicamente quiénes eran los integrantes de la Junta de Gobierno Local en este periodo. En esta ocasión, además, la petición habría ido acompañada de un apercibimiento de apertura de diligencias por desobediencia a la autoridad y se habría dado un plazo de diez días para atender la solicitud, plazo que en principio finalizaría mañana, jueves.