El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la Reforma Local para dar paso a su tramitación parlamentaria. El nuevo texto obliga a la Administración Regional a asumir una serie de competencias que hasta ahora recaían en los municipios, como es el mantenimiento de colegios y centros de salud, así como los servicios sociales, que en el caso de Castilla y León estaban descentralizados en los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y diputaciones.

 

Estos cambios se ven con incertidumbre desde el Ejecutivo regional, sobre todo en el aspecto de la dotación económica de las competencias. «Hay que leer bien la letra pequeña, pero es evidente que para asumir algo primero se exige que haya dinero, ya que si no es así no hay ningún servicio que gestionar al hacerlo mal», manifestó el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez. 

 

«Las competencias en materia de servicios sociales que ahora están en manos de los ayuntamientos es un asunto muy importante. Estoy convencido de que se pueden enmendar en su tramitación en el Congreso, para que vengan bien financiadas», agregó. Al respecto auguró una negociación «larga y dificultosa» por parte de todas las comunidades. 

 

En referencia a las prestaciones que ejecutan de los ayuntamientos, De Santiago-Juárez apuntó que en materia de educación, sanidad o servicios sociales «se destaca lo positivo de la cercanía y la proximidad», al tiempo que consideró que «los gobiernos municipales están a favor de ejercer parte de estas funciones como hasta ahora». «Nadie se va a negar en Castilla y León a asumir nada después de un modelo territorial con 30 años de existencia, pero es preciso que cualquier prestación de servicios venga convenientemente financiada», aseveró.

 

De Santiago-Juárez se postuló a favor de que de que el texto legal –cuya entrada en vigor se prevé para enero de 2015– afronte antes un proceso mínimo de un año de negociación y presentación de enmiendas. «Está claro que en una comunidad como Castilla y León repercute y mucho en el actual modelo de prestación con una población altamente envejecida y dispersa en muchos municipios. Hay que aclarar quién va a pagar las competencias que se asumen, aunque no nos dé miedo gestionar porque estamos acostumbrados a ello», explicó.

 

El consejero de la Presidencia manifestó además que Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local «es compatible» con el que elabora la Junta, «como se ha dicho siempre» con el Proyecto de Ley en fase de ponencia en Castilla y León «desde el primer borrador hasta el último, pero gusta poco en algunas cosas y en otras gusta más». Entre los beneficios posibles para la Comunidad, agregó que mejora cuestiones como la del coste efectivos de los servicios que prestarán las administraciones frente al coste estándar que quería implantarse anteriormente. A su vez, la Junta valora positivamente el papel que se otorga a las diputaciones como coordinadoras de las prestaciones a los municipios de menos de 20.000 habitantes. «Es bueno como lo es que puedan funcionar mancomunidades o consorcios de prestación de servicios», dijo.

 

Además, De Santiago-Juárez concretó que le «gustan muy poco» los tres meses de plazo que se pretende dar a las entidades locales menores para efectuar las  liquidaciones presupuestarias pendientes. «Se trata de muy poco tiempo para rendir cuentas, porque en muchos municipios de muy poco tamaño y medios no hay cultura de presentarlas», criticó.