El Gobierno de coalición del PP y Vox ha inyectado 150.000 euros al Presupuesto para poder actuar en aquellos edificios que se encuentran en estado de abandono, que en algún momento han sido okupados o son susceptibles de estarlo y en los que los propietarios de los mismos hacen caso omiso a las órdenes de ejecución de obras para garantizar la seguridad de las personas. Lo que se pretende es tapiar los accesos para que nadie penetre en el interior de los mismos, ya que representan un potencial peligro.

En las cuentas que se aprobaron a principios de este año existía una partida pírrica de 30.000 euros que a todas luces resultaba insuficiente para actuar en los alrededor de quince inmuebles que el Ayuntamiento tiene identificados como especialmente peligrosos. Edificios que no necesariamente están en ruina inminente, pero que pueden ocasionar algún susto si alguien entra en ellos y se produce algún desprendimiento.

El concejal de Licencias, Ignacio Peña, detalla que la idea es licitar a la mayor brevedad posible un contrato para que una empresa se haga cargo de las ejecuciones subsidiarias. El Ayuntamiento lo que hará es anticipar el dinero, ya que, conforme a lo que marca la Ley, girará  la factura a la propiedad para que asuma el pago de unos trabajos que se ha negado a hacer pese a estar obligado a ello.

La prioridad, detalla el edil de Vox, es tapiar los accesos a estos edificios (puertas y ventanas), ya que los cierres provisionales (generalmente con tablas de madera) pronto son desmantelados y el problema vuelve a su punto de origen. Hay casos sonados como el del número 12 de la calle Hospital Militar, las naves de Manuel Altolaguirre o los inmuebles de Francisco Salinas o Juan Gil.

Pero ya no es que el Ayuntamiento necesite un contrato de ejecuciones subsidiarias para estos casos. Del área de Licencias salen cada año decenas de requerimientos en los que se advierte a los propietarios de inmuebles de que si no actúan ellos lo hará el Ayuntamiento y pasará la factura. Por ejemplo, en Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) desfavorables, cuando se ordena retirar el cerramiento ilegal de una terraza... Difícilmente se podía cumplir con estas advertencias con apenas 30.000 euros.