Las elecciones al Rectorado de la Universidad de Burgos han trastocado los planes de aprobación del presupuesto de la institución académica para este ejercicio, teniendo en cuenta que el de 2024 recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno a mediados de diciembre del año anterior. De hecho, el resto de instituciones públicas de Castilla y León ya dispone de las cuentas generales para 2025, siendo la de Valladolid la primera en sacarlas adelante con un montante global de 260 millones de euros, seguida de la de Salamanca, con 300 millones, y de la de León, con 141,7.

Las previsiones más optimistas del nuevo equipo rectoral, encabezado por José Miguel García, sitúan a finales de este primer trimestre la presentación del techo de gasto, que el año anterior ascendió inicialmente a 86,2 millones de euros. Será a partir de la toma de posesión del máximo responsable académica, que tendrá lugar el próximo miércoles, 15 de enero, así como de sus cargos de confianza, cuando se comience a trabajar en el de 2025, que a su vez deberá adaptarse a una estructura de gobierno que ve reducido el número de vicerrectorados de los nueve actuales a siete.

El gerente de la UBU, Simón Echavarría, avanza que ya se ha tramitado la prórroga automática de las cuentas de 2024, en virtud del artículo 107.1 de la Ley de 2006 de la Hacienda y el Sector Público de la Comunidad de Castilla y León que prevé dicho mecanismo si no se han aprobado las correspondientes al inicio del ejercicio económico. En este sentido, precisa que lo deseable pasa por no tener que acudir a esta opción, si bien se detiene en la «situación singular» que ha vivido la institución académica por las elecciones al Rectorado, celebradas el 18 de noviembre, a lo que se ha sumado el periodo vacacional de las navidades.

Con todo ello, Echavarría sostiene que las nuevas podrían salir adelante antes de que acabe el primer trimestre del año, teniendo en cuenta la tramitación que deben seguir hasta su visto bueno inicial por parte de los miembros del Consejo de Gobierno y el definitivo, de los del Consejo Social. En cualquier caso, sostiene que esta circunstancia no afectará al funcionamiento normal de la institución, ya que, en caso de que sea necesario, «existen mecanismos de modificación puntual del presupuesto prorrogado».

José Miguel García ha depositado su confianza en Echavarría para continuar al frente de la Gerencia, a donde llegó en 2012 durante el segundo mandato del entonces rector Alfonso Murillo. De igual forma, también mantendrá sus funciones el secretario general, Julio Pérez Gil, quien accedió al puesto hace cuatro años con el máximo responsable académico saliente, Manuel Pérez Mateos. En este último caso, la decisión responde, según explica el propio García, a que el catedrático de Derecho Procesal se encuentra inmerso en el trabajo de elaboración de los nuevos estatutos de la UBU, que datan de 2001 y que ya deberían estar aprobados.

Nuevos tiempos. «Se trata de un escollo que tenemos que salvar porque tienen que estar acordados en un plazo máximo de un año y tres meses», explica el rector entrante en referencia a la obligación que marca la nueva ley de universidades (LOSU). Al respecto, subraya la importancia de su actualización, así como el hecho de que esta normativa, que responde al carácter de la autonomía universitaria, tenga una capacidad «de adaptación a los cambios que están por venir».

Tanto la Gerencia como la Secretaría General son puestos estatutarios, es decir sus funciones se encuentran recogidas en los estatutos, a diferencia de las del resto del equipo de Gobierno, dado que su estructura, dividida en vicerrectorados con distintas responsabilidades, queda a elección del rector. Estos dos nombres se suman a los de Alfredo Bol, al frente de Desarrollo y Planificación; Juan Bautista Delgado, Docencia y Profesorado; Miguel Ángel Mariscal, Campus y Empresa; Sara Gutiérrez, Estudiantes; Verónica Calderón, Investigación; Ileana Greca, Internacionalización, y Delfín Ortega, Cultura.