Mantener unos estándares adecuados de calidad tanto en las instalaciones como en la prestación de servicios; eliminar la actividad clandestina; garantizar los derechos de los turistas, y alcanzar una aplicación homogénea de la legislación en el ejercicio de la función supervisora. Estos son los cuatro puntos que recoge el Plan de Inspección Turística de la Junta 2023-2026, fruto del cual la Administración regional llevó a cabo el año pasado 143 actuaciones en Burgos en viviendas y apartamentos, mientras que estas suman ya 169 de enero al 31 de agosto de este año.

Se trata una cantidad «mínima» que, según la Federación de Hostelería, puede responder al incumplimiento de algunos de los requisitos exigidos en las distintas estancias (cocina, habitaciones, salón, aseos...) y que, por tanto, afectan a alojamientos regulados e inscritos en el registro autonómico obligatorio. Por ello, su vicepresidente y representante de los hoteleros, Luis Mata, considera que esa tarea de supervisión debería centrarse principalmente en la detección de pisos que operan al margen de la normativa.

«Estamos hablando de ejercer una actividad ilegal sin transparencia económica y con personal que no está dado de alta en la Seguridad Social», subraya, al tiempo que mira más allá de la capacidad de maniobra de la Administración regional para atajar esta situación y apunta al Gobierno central, concretamente a la Agencia Tributaria y a la Inspección de Trabajo, cuyas sanciones «resultan extraordinariamente más fuertes».

Mata recuerda que las quejas del sector respecto a este tipo de alojamientos no van dirigidas a los propietarios que ejercen en el marco de la ley, sino a los que la esquivan y que suponen un «gran daño para la hotelería convencional». 

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