El Grupo Socialista en la Cortes de Castilla y León reclamó hoy a la Junta que deje de politizar la conservación del lobo y "haga su trabajo" que, según explicó, pasa por la elaboración del censo y por el pago de las indemnizaciones a los ganaderos afectados por ataques de los cánidos.
El procurador salmantino Juan Luis Cepa, además de lamentar que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sabía que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida ayer y que prohíbe la caza del lobo en una parte del territorio de un estado miembro cuando su estado de conservación a nivel nacional es "desfavorable", "se iba a producir", criticó que desde de la Junta se argumente que los lobos acabarán con la ganadería extensiva en Castilla y León, e incluso se los señale como uno de los causantes de la despoblación.
Cepa pidió a Suárez-Quiñones que aparque la "demagogia" y que busque la convivencia entre la ganadería y los lobos, a la vez que le recordó que él no tiene capacidad para decidir si una especie es o no vulnerable, ya que se trata de una declaración que se debe hacer en base a las normativas nacionales y europeas.
En este sentido, aseguró que por su "obsesión" de judicializar el tema, ha generado un problema mayor, dado que ahora, para que el lobo pueda ser considerado especie cinegética, habrá que demostrar se encuentran en una situación de vulnerabilidad en todo el estado.
Cinco consejeros
Por otra parte, el portavoz de Agricultura del Grupo Socialista en la Cortes, también lamentó la falta de estabilidad en la Consejería de Agricultura, con cinco responsables en los últimos seis años, y recalcó que esta sucesión de consejeros se debe a la falta de una estrategia clara y al "nulo" interés de Alfonso Fernández Mañueco.
Al mismo tiempo, indicó que la llegada de María González Corral a la Consejería de Agricultura solo responde a un "cambio de cromo entre las familias del PP que sirven para una cosa y para la contraria", ya que en su etapa al frente de la Consejería de Movilidad ha demostrado la "incapacidad más absoluta".
Cepa reclamó más trabajo a la Junta y remarcó que no se puede entender que en los dos últimos años las ayudas de la Junta al sector para afrontar su mala situación haya sido de 40 millones de euros, cuando el Gobierno ha aportado 300 millones.
A pesar de las críticas, el procurador socialista se mostró dispuesto a alcanzar un acuerdo de Comunidad sobre la reforma de la PAC que habrá que afrontar en 2027 con el fin del lograr mantener los fondos que recibe Castilla y León y después de los buenos resultados logrados con ese acuerdo de Comunidad alcanzado en la última reforma.