El proyecto del AVE no ha dado muchas buenas noticias desde que se iniciaron las obras. Los problemas de construcción en el viaducto de Frandovínez o el hundimiento del terraplén en Palenzuela han ido retrasando la llegada de la alta velocidad a Burgos, una demora que exaspera al conjunto de la sociedad. Cuando parecía que todos los obstáculos se habían superado y que 2021 iba a ser el año definitivo, en el que de una vez por todas el AVE iba a circular con pasajeros a 300 por hora por la provincia, llegó el jarro de agua fría, el anuncio del Ministerio de Fomento al alcalde, Daniel de la Rosa, de que habrá que esperar a 2022. La razón que esgrimió el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, es que las pruebas del sistema de seguridad ERTMS se alargarán durante 11 meses, tras lo cual empezarán a comercializarse los billetes.

Sin embargo, los burgaleses están hartos de excusas, porque hasta el momento ni Adif ni Renfe habían informado de que dichas pruebas llevarían tanto tiempo. Así que representantes económicos y sociales califican el nuevo retraso de «tomadura de pelo», de «falta de respeto a la ciudadanía» y de «nuevo obstáculo al crecimiento económico de la provincia». El presidente de la FAE, Miguel Ángel Benavente, denuncia el «poco interés» del Ministerio por poner en marcha una infraestructura» que por el momento «carece de continuidad hacia el País Vasco y la frontera con Francia». «No hay otra explicación», sentencia. Y si la hay, en su opinión Fomento debería haber hecho público hace tiempo «qué pruebas faltaban por realizar y sus plazos», porque con el anuncio al alcalde da la impresión de que «están vacilando una vez más a los burgaleses». «Y ya llueve sobre mojado, son muchas veces las que han incumplido con su palabra», indica.

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