Pese a la pérdida, hasta la fecha, de más de 850.000 euros de la recaudación de los autobuses urbanos, los meses pasan y el Ayuntamiento de Burgos mantiene aún en vigor el contrato con Prepay ante su incapacidad para resolverlo y encontrar una alternativa. Si bien en la nueva relación que se estableció con el administrador concursal se logró que se ingresara en las cuentas municipales el dinero de las recargas de las tarjetas de los contribuyentes, este periódico ha podido saber que no todo ese dinero está llegando, ya que, pese a la existencia de una deuda, en términos coloquiales, que se acerca al millón de euros, el administrador concursal habría decidido meter la mano en la caja de la recaudación para cobrarse las comisiones que se establecen en el contrato. Todo ello, sin haber saldado antes la abultada deuda.

Esta situación ha provocado un intenso debate entre los servicios técnicos municipales, ya que mientras algunos justifican o, al menos, comprenden que el administrador concursal descuente los servicios prestados en el contrato de la recaudación de las tarjetas, otros mantienen una postura mucho más firme al entender que Prepay no puede tocar ese dinero, que podría rondar los 70.000 euros, ya que únicamente lo tiene en custodia.Por eso y porque mientras exista una deuda, el Ayuntamiento no puede tolerar que se paguen esas facturas. Entienden que no se pueden dar la conformidad a las mismas con un incumplimiento del contrato que se entiende tan flagrante como es el de que todavía se esté esperando al ingreso de más de 850.000 euros de la recaudación. En otras palabras, si el administrador concursal hubiera decidido cobrarse esas facturas de manera unilateral, lo que habría que hacer es requerir el ingreso automático de ese dinero en las cuentas municipales.

Los que defienden esta tesis afirman que lo que hay que hacer es resolver la deuda con el Ayuntamiento y no al revés. Dicho de otra manera, no se puede pagar nada a Prepay hasta que no se salde el impago.

Sin embargo, existe otra posición en el número 1 de la Plaza Mayor que viene a defender que la situación ha cambiado desde que el administrador concursal tomó las riendas de Prepay. Una postura que es la que también defienden las fuentes del equipo de Gobierno a las que ha preguntado este periódico. Se justifica que, después de que el Ayuntamiento anulara las facturas que le envía Prepay, la empresa haya decidido cobrarse los servicios prestados de la recaudación. Afirman que de no hacerlo, podría poner pies en polvorosa y el Ejecutivo municipal teme que el servicio se quede colgado.

Desde el otro punto de vista, se entiende que una empresa, ya sea la de este servicio, la de basuras o la de gestión de las escuelas infantiles (por citar ejemplos de todo tipo) tiene obligación de seguir prestando el servicio y no puede huir. Prueba de ello es que eso ocurre incluso cuando un contrato ha vencido.

El problema, en cualquier caso, no desaparece porque el Ayuntamiento no ha sido aún capaz de resolver una situación que desveló este periódico en toda su magnitud el 9 de octubre (hace ya más de tres meses) y que el equipo de Gobierno asegura que conoció en abril (hace nueve).

Cabe recordar que, después de que saltara a la luz este escándalo, el Ayuntamiento ha defendido en todo momento que Prepay no podía nunca tocar el dinero de la recaudación, ya que únicamente era el custodio del mismo. Algo que ahora se asume que nunca tenía que haber ocurrido. Este argumento sirve para sostener que esa cantidad no puede formar parte de la masa del concurso, con la esperanza de poder recuperarla. Ahora, sin embargo, parece que sí está tirando de la recaudación.

Por otro lado, lo que se sabe ya es que la primera sesión de la comisión especial de investigación se celebrará el próximo 3 de febrero.