La colaboración de Burgos Acoge, Atalaya Intercultural y Accem con el Ayuntamiento suma varias décadas en los tres casos, lo cual no solo ha permitido a las entidades desarrollar iniciativas específicas con esos fondos, sino que les ha garantizado un soporte que facilita el apuntalamiento o la potenciación de otros servicios imprescindibles para la sociedad. Entre ellos destaca el relativo al empleo, dado que en una ciudad industrial y con necesidad de mano de obra -urgente en algunos sectores- estas entidades son aliadas clave del empresariado. Y así lo prueba el hecho de que, entre las tres, hayan facilitado la inserción de más de 500 personas desde comienzos del 2023.
Esta realidad, sin embargo, no es suficiente para mover al bipartito que gobierna el Ayuntamiento de su posicionamiento ideológico: como se detalla en la página 8, el PP volvió a justificar ayer en la «imposición» de Vox la negativa a incluir en los presupuestos del 2025 una partida inferior a los 120.000 euros en convenios de colaboración con Burgos Acoge (78.322 euros), Atalaya Intercultural (13.000 euros) y Accem (28.188 euros). «No podemos entender este giro», coincidían ayer fuentes de Burgos Acoge y Atalaya, en sendos casos todavía confiadas en que haya margen para la rectificación.
El apoyo a oenegés y organizaciones dedicadas a la inclusión social ha sido bandera del PP en Burgos desde que Valentín Niño hizo un hueco a este tipo de colaboraciones en los presupuestos, pero la fallecida -y muy añorada- Ana Lopidana incrementó las cuantías. El PP de Cristina Ayala, en cambio, las suprime. «Esta decisión genera sufrimiento en las personas con más necesidades», señaló el portavoz de Atalaya Intercultural para este asunto, Jaime Burgos, destacando que «la labor la vamos a seguir haciendo, pero, claro, esos 120.000 euros, que para la ciudad es poco dinero pero que nosotros multiplicábamos, desaparecen de nuestros presupuestos».
Atalaya, una entidad gestionada por la Compañía de Jesús, empleaba los 13.000 euros del convenio en apoyo escolar a los 163 críos que acuden a diario a sus instalaciones y en la enseñanza de español, así como a cubrir necesidades básicas de su casa de acogida. «Llevamos más de 30 años colaborando con el Ayuntamiento y, ya, es una relación tan estrecha que nosotros hablamos de corresponsabilidad en el funcionamiento, que ha sido extraordinario», señalaba Burgos.
Como en el resto de entidades, en Atalaya explican que quienes migran suelen ser los jóvenes más capaces y preparados. «Llegan con estudios de Bachillerato y estudios técnicos, pero también hay universitarios». Así, a pesar de las enormes trabas burocráticas para poder trabajar, un porcentaje muy elevado encuentra empleo rápido. Atalaya, de hecho, ya ha gestionado más inserciones que en todo el 2023: 82 frente a 78.
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Cáritas renuncia
Por otro lado, Cáritas envió ayer un comunicado en el que informó de que renuncia al convenio que solía firmar con el Ayuntamiento para la acogida temporal de migrantes, en solidaridad con las tres asociaciones a las que se excluye de la línea de ayudas de la capital dirigidas a la inclusión de inmigrantes porque así lo exigen los cuatro concejales de Vox para aprobar el presupuesto del 2025. Y avanza que no habrá cambios en su parecer hasta que el Ayuntamiento no rectifique y «se alcance un acuerdo que incluya también a las demás entidades».
Así que Cáritas actúa por solidaridad, pero también en señal de protesta ante una decisión que la entidad vinculada a la Iglesia católica no solo no comparte, sino que ha afeado en privado y, desde ayer, también en público. «Para Cáritas, la acogida, promoción y protección de los migrantes -como expresa con frecuencia el papa Francisco- contribuye a una sociedad más justa y fraterna», afirmaban fuentes oficiales de la entidad social diocesana en el comunicado, que concluyeron recordando que toda su actuación se guía de acuerdo a «los principios evangélicos» y, por tanto, destacan, Cáritas diocesana de Burgos «atiende por igual a todas las personas necesitadas».
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El PP mantiene el recorte
Pese a todo ello, el equipo de Gobierno municipal no da marcha atrás y se enroca en eliminar las ayudas a tres ONG que trabajan con inmigrantes, lo que tendrá graves consecuencias para la ciudad. La imposición de Vox, respaldada por el PP, de dejar sin ayudas a Accem, Burgos Acoge y Atalaya, además de la negativa de Cáritas a no renovar el convenio por discriminación a estas organizaciones, amenaza con colapsar los servicios sociales municipales.
Y es que el trabajo de estas organizaciones se realiza en red con los centros de acción social (Ceas), de modo que la atención que no presten a este colectivo deberá ser asumida por la administración local. La propia concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros (PP), reconoció este hecho tras la reunión que la alcaldesa, Cristina Ayala, y el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, mantuvieron ayer con representantes de los colectivos afectados.
El encuentro, de más de una hora de duración y al que no se permitió acceder a los medios de comunicación para tomar imágenes como sí se ha hecho en otras ocasiones, solo sirvió para poner de manifiesto que el bipartito no tiene intención de revertir su decisión, tal y como señalaron Ballesteros y Martínez-Acitores al término del mismo, dado que Ayala no se ha manifestado públicamente hasta ahora sobre una medida que ha generado un importante rechazo social y que sin duda tendrá un coste político para la formación popular, como reconoció su portavoz.
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