Eran ya adultos cuando golpearon a un celador del HUBU hasta causarle la muerte. Pero acababan de cumplir 18 años, lo que llevó al juzgado de instrucción 3 a decretar su ingreso en un módulo especial para menores de 21 años que, en Castilla y León, solo está implantado en Villanubla (Valladolid). Allí permanecieron los dos años que transcurrieron entre el homicidio y el juicio, que finalmente no se celebró porque las partes llegaron a un acuerdo para que los dos jóvenes cumplieran 9 años de prisión.   

Tras la condena firme podían haber elegido ingresar en el centro penitenciario burgalés, con el fin de estar cerca de sus familias, pero no lo han hecho. Prefieren continuar en la cárcel vallisoletana «porque allí tienen trabajo y porque están bien considerados», señalan fuentes consultadas por este periódico. 

En la vista en la que mostraron su acuerdo con la sentencia de conformidad, «expresaron su arrepentimiento y pidieron perdón a la familia» del fallecido, «de manera que ahora su único deseo es cumplir la pena con buen comportamiento y empezar a disfrutar de permisos lo antes posible». Los abogados calculan que en dos años o dos años y medio ya podrían empezar a salir.

La Fiscalía había pedido 25 años de prisión para los autores del crimen de la calle Vitoria pero la pena final se quedó en 9 años, en virtud del pacto rubricado en la Audiencia. Para conseguir una rebaja de condena tan sustanciosa ha resultado fundamental el esfuerzo económico que hizo la familia de uno de los 2 acusados para pagar de golpe la indemnización -160.000 euros- a los parientes del celador del HUBU que murió por los golpes que les propinaron los imputados el 18 de junio de 2022. 

Ello les ha valido que el tribunal haya estimado que concurre la atenuante muy cualificada de reparación del daño. Pero también ha sido necesario que el Ministerio Público redujera sus pretensiones y se aviniera a calificar los hechos como homicidio y no como asesinato, que es lo que había considerado en su escrito inicial. Además de las penas de prisión, la Audiencia les impone también una medida de 5 años de libertad vigilada una vez que salgan del centro penitenciario.