El creciente número de usuarios que se desplazan en vehículos de movilidad personal (VMP) invita a las administraciones y organismos competentes a impulsar la regulación de su presencia en las calles, un proceso complejo que ya ha vivido varias polémicas y que no da con la tecla. Uno de esos puntos estrella del debate es la necesidad u obligatoriedad, llegado el caso, de contar con un seguro para circular por las urbes con estos aparatos. 

En Burgos, por el momento, el número de pólizas contratadas es testimonial y algunas corredurías las cuentan con los dedos de una mano. «Ya sea por despiste o intencionadamente, el caso es que muy pocos sacan el seguro individual», resume José Manuel Castellanos. El presidente del colegio profesional de corredores de seguros recuerda que algunas pólizas de seguros de hogar dan cobertura a los VMP, aunque reconoce queel problema «es la falta de una normativa concreta y que no es obligatorio». «Eso no quiere decir que no sean responsables, solo que no es obligatoria la contratación», zanja.

Sin embargo, algunos municipios ya plantean otras medidas. Es el caso de la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, una normativa que incluye la obligatoriedad de usar casco y de tener un seguro de responsabilidad civil. 

Este documento tiene un coste aproximado de 40 euros, pero no termina de extenderse entre los usuarios a pesar de que los datos de accidentalidad cada vez son más altos. Al menos, en Burgos. En 2023 se contabilizaron 33 accidentes entre coches y VMP, lo que supuso un 50% más de siniestralidad que en el ejercicio anterior según las cifras facilitadas en su momento por el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

(Más información en la edición impresa de Diario de Burgos o aquí)