El proceso de estabilización para ocupar la plaza del número tres en el escalafón técnico de Aguas de Burgos vuelve a dar un giro de 180 grados. Después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anulara las primeras bases al considerarlas una «falacia» y de aprobar otras nuevas en las que, de manera inexplicable, se penalizaba a los propios trabajadores de la empresa municipal; finalmente se ha dado la instrucción de corregir estas últimas para que no tenga ventaja una persona con su trayectoria profesional en Valladolid o Madrid respecto a otra que ha desempañado su labor en la sociedad municipal. 

El expresidente de Aguas, Fernando Martínez-Acitores, dio instrucciones de modificar las bases hace varias semanas, pero la situación se quedó parada con la ruptura del Gobierno de coalición.  No obstante, el nuevo presidente de la Sociedad, Manuel Manso, defiende el mismo criterio, ya que entiende que carece de sentido que un proceso de estabilización perjudique a la gente de la casa o de otras administraciones como el propio Ayuntamiento de Burgos. Eso sí, la realidad es que los plazos están muy ajustados y cualquier retraso puede complicar que se ocupe la plaza.

El motivo por el que se han dado instrucciones al gerente para corregir las bases obedece a que en los criterios de valoración de méritos basados en la experiencia y donde están en juego 60 puntos (la parte más importante del proceso) se concedían 3,50 puntos por año de servicio en puestos similares al de la oferta, pero siempre y cuando esos años se hayan trabajado «en poblaciones o conjunto de poblaciones de más de 250.000 habitantes». Algo que no cumple un trabajador de Aguas de Burgos, ya que la suma de la población de la ciudad y del Alfoz no alcanza ese mínimo.

Lo que se quiere hacer es que esos 3,5 puntos por año trabajado se puedan conseguir por haber trabajado en poblaciones con más de 150.000 habitantes. De esta manera no se penalizaría a las personas que han desarrollado su carrera en Burgos.

Lo cierto es que en este asunto Aguas no tiene tiempo que perder, ya que el proceso de estabilización tiene que resolverse antes del 31 de diciembre o al menos estar lanzado si la sociedad no quiere exponerse a sobrepasar los plazos y dejarla vacante.