La Universidad de Burgos ha decidido dar por cerrada la investigación sobre posibles fraudes a alumnos extranjeros que cursan estudios de doctorado sin abrir ningún expediente al considerar que no existen pruebas palmarias para actuar en este sentido. No obstante, el vicerrector de Investigación, José Miguel García, advierte de que la institución académica se mantendrá especialmente vigilante de cara al próximo ejercicio lectivo para atajar cuanto antes cualquier práctica que vulnere los principios éticos de una academia pública.
«Hemos hecho las actuaciones que teníamos que realizar conforme a la normativa universitaria», subraya García, al tiempo que explica que todo el proceso de investigación se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con el Servicio de Inspección. El paso inicial fue poner en conocimiento de tutores y directores de tesis la sospecha sobre la existencia de empresas que hacían de intermediarias entre la UBU y los estudiantes internacionales, pudiendo ser estos «objeto de engaño» al cobrarles «cantidades ingentes de dinero» por una tramitación innecesaria. Se manejaban, incluso, tarifas de hasta 10.000 euros por todo el programa, cuya duración puede extenderse de 3 a 5 años, cuando las tasas ascienden a 500 euros por curso.
A todo lo anterior, se unía una segunda circunstancia que tenía que ver con el ámbito estrictamente académico, como la supuesta «suplantación de identidad electrónica» de los alumnos o la realización de trabajos que correspondían a estos por parte de esas mediadoras. Esto fue considerado como «claramente fraudulento», además de poder ser «delictivo» para las dos partes, es decir para los universitarios que fueran conocedores de esta situación, lo que de confirmarse acarrearía la apertura de un procedimiento de expulsión.
Inicialmente, el Vicerrectorado de Investigación se refirió a cinco casos, que finalmente ascendieron a seis. García precisa que se les convocó a una reunión telemática de «obligada asistencia» en la que se efectuaron las correspondientes preguntas para analizar al detalle cada caso, sin que «se detectara ningún signo de que estuvieran en esa situación». No obstante, reconoce la posibilidad de que se hayan podido producir abandonos de los estudios por este motivo, aunque «nunca conoceremos la causas de los mismos».
El responsable académico valora como «medida preventiva» la investigación llevada hasta el momento con el fin de evitar posibles «abusos de determinadas empresas» ante el desconocimiento de este alumnado del sistema universitario español. «Es muy habitual que en otros el doctorado tenga un coste más alto para estudiantes internacionales que para los nacionales, pero no aquí», precisa, haciendo referencia en este punto a la labor vigilante que al respecto realizan tutores y directores.
García reconoce la «dificulta» que existe a la hora de seguir este tipo de prácticas al carecer de protocolos específicos, como sí que ocurre con otros comportamientos como el plagio. No obstante, alude a que se continuará atento a cualquier situación que vulnere tanto el código ético como el de buenas prácticas en investigación.