El rostro de determinados individuos es de sobra conocido entre encargados y empleados de la gran mayoría de supermercados de la ciudad. Nada más verles entrar, se ponen en guardia y utilizan los medios necesarios para evitar que lleven a cabo su propósito: robar al descuido uno o varios productos. Los hurtos llevan disparados desde el fin de la pandemia. Sólo en la capital, el pasado año 2023 se denunciaron casi 2.000 infracciones de este tipo. La sensación de que cada vez son más frecuentes y, sobre todo, la de impunidad de los delincuentes, ha hartado a unos empresarios que no saben cómo afrontar esta situación si no es con la ayuda de la Policía y, sobre todo, de los jueces. 

En el año 2022, entró en vigor una modificación del artículo 234.2 del Código Penal por la que se regulaba el castigo a los delitos de hurto multirreincidente con el objetivo de acabar con la impunidad de quienes lo cometen. De esta manera, quienes protagonizan al menos tres infracciones de este tipo se exponen a penas de prisión y no sólo a multas.

El problema, según indican desde la Asociación de Supermercados de Castilla y León (Asucyl), es que aún no se está viendo una aplicación sistemática de esta modificación legislativa. «Seguimos reclamando que haya condenas más severas porque vemos con cierta impotencia esta problemática», asevera la gerente y portavoz del colectivo, Isabel del Amo. 

(Más información, en la edición impresa de este viernes de Diario de Burgos o aquí)