La tormenta que desataron las monjas clarisas de Belorado y Orduña el lunes mantiene su intensidad mediática, alimentada principalmente por las propias hermanas y los personajes de la secta Pía Unión de San Pablo Apóstol que las tutelan, mientras que multiplican los frentes en los que tendrán que defenderse legal y eclesiásticamente y se acentúa su aislamiento social, aunque desde la Diócesis de Burgos se mantenga la mano tendida y la esperanza de reconducir la situación por la vía del diálogo. 

Una vez que las religiosas «se han ido a una secta no pueden quedarse con las propiedades» de la Iglesia católica, sostiene Manuel Gómez-Tavira, vicario para la Vida Consagrada de la Diócesis de Vitoria, que ayer anunció junto a las clarisas alavesas la interposición de una demanda para reclamar la anulación de la compraventa del monasterio de Orduña por «incumplimiento» del contrato y recuperar la posesión del complejo, en el que se establecieron monjas procedentes de la comunidad beliforana a finales de octubre de 2020 (llevaba vacío y en venta desde 2002). Este inmueble fue abandonado precipitadamente el domingo, horas antes de que se hiciera pública la carta que abrió una crisis sin precedentes en la Iglesia.

El abogado Ángel Fernández de Arangüiz, que representa a las clarisas de Vitoria, ya estuvo presente el lunes en la rueda de prensa ofrecida en la Casa de la Iglesia de Burgos por el arzobispo Mario Iceta y otros cargos eclesiásticos, entre ellos Gómez-Tavira. En ella se desveló la última aparición pública de la abadesa, sor Isabel de la Trinidad, que acudió al notario para firmar de mutuo acuerdo la resolución del contrato el pasado 7 de mayo, solo 6 días antes del escándalo. 

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