Una docena de personas han colaborado en Burgos con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en lo que va de año, lo cual significa que el descenso con respecto a las cifras casi récord del «extraordinario» 2018 sigue rondando el 50%. El año pasado por estas fechas, de hecho, ya había habido 22 personas dispuestas a ceder sus órganos sanos tras el fallecimiento, como especifica el último informe oficial sobre esta materia de la Consejería de Sanidad. Un documento en el que no se incluye la explicación que el HUBU sí da a la ostensible variación de datos entre períodos: en estos meses han muerto menos personas en situación de poder donar órganos. «Es la única explicación que hay», señalan.
El complejo asistencial de Burgos no hace trasplantes de órganos, pero sí es un centro receptor. Es decir, tiene autorización y condiciones para extraer los órganos de las personas que fallecen en sus instalaciones y que, voluntariamente, acceden a que en cuestión de horas los órganos sean trasplantados en Salamanca o en Valladolid para salvar o mejorar con mucho la calidad de vida de otras personas, casi siempre de la provincia.
Las coordinadoras de esta materia en Burgos son la médica intensivista María Eugenia Perea y la enfermera María Amor Hernando, quienes repiten hasta la saciedad que, más allá de la volatilidad de las cifras entre unos ejercicios y otros, lo importante es que cada vez son más las familias que se interesan de forma voluntaria por la donación en el momento en el que prevén que la muerte de un ser querido es irreversible y que, al mismo tiempo, cada vez son menos las que se niegan. Hernando destacó ayer que, de hecho, en lo que va de año «no ha habido ninguna negativa», pero sí menos personas en situación de poder aportar a la ONT. «Ha habido menos pacientes en situación de poder donar y varios casos en los que sí había alguna contraindicación médica», dijo.
Hernando se refiere con estas palabras a las personas a las que se les diagnostica un daño cerebral catastrófico, con clínica inicial de coma y para el que se desestima tratamiento quirúrgico; esto son, por norma habitual, personas con hemorragias o infartos cerebrales masivos y traumatismos craneoencefálicos. En ese momento, se contacta con el médico intensivista (UCI) de guardia para que haga una valoración inicial. Una vez que desestima el ingreso para tratamiento, se pide el examen de la coordinadora de trasplantes para saber si el paciente cumple con los requisitos exigidos por la Organización Nacional de Trasplantes para dar vida tras su muerte.
Ahí se produce el momento de mayor carga emocional, ya que Perea y/o Hernando se entrevistan con las familias del paciente terminal para preguntar por su voluntad con respecto a este tema y, en caso de que no se tenga una respuesta clara -quería o no quería donar- se explica en qué consiste ese gesto y de que forma una única persona puede incidir en la vida de otras tantas.
Lo habitual es que la mayoría de las familias accedan, por lo que en ese momento se activa un protocolo diagnóstico para garantizar que los órganos que se quieren extraer están en condiciones para que los acepte un enfermo que, además, tiene las defensas bajas. Lo más importante es descartar infecciones y tumores, aunque en este sentido siempre se especifica que puede haber tumores que no hayan dado la cara en el donante o que no se observen en una exploración inicial, a pesar de que el reconocimiento es «exhaustivo».
Por protocolo, el examen incluye una radiografía de tórax, una ecografía abdominal y una analítica general, que mide el funcionamiento de los órganos, la oxigenación y la existencia de infecciones. Y luego, en función de los casos, se piden otras pruebas: fibroscopia (para el examen de cavidades como el estómago), escáner, biopsias...
Solo tras este examen se concluye que el órgano está listo para la extracción y el desplazamiento a los hospitales de Valladolid (corazón, hígado y riñones) o al de Salamanca (hígado y riñones), donde lo recibirán personas en lista de espera y preferiblemente de Burgos.