El consejo ordinario del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (Smyt) arrojó ayer información muy valiosa que no había trascendido hasta la fecha como el hecho de que el concejal de Movilidad, José Antonio López, supo de primera mano, en una reunión celebrada el 29 de febrero, que Prepay podía entrar en concurso de acreedores. Dicho de otra manera, el edil pudo conocer en ese momento, por boca de la propia empresa, de sus dificultades económicas y de que los impagos, tal y como sucedió posteriormente, podían crecer y complicarse su cobro.

Resulta llamativa esta 'confesión' después de que en el relato del concejal desde que estallara el escándalo ha dado a entender que la empresa había ocultado su situación y al Ayuntamiento le había pillado por sorpresa el concurso de acreedores. De hecho, el edil habló de «mala fe», de «estafa» y de que la situación se había descontrolado por el concurso. Como si nada hubieran podido hacer.

Cabe recordar que en los primeros cinco o seis meses, los únicos pasos dados, con pleno conocimiento del concejal de la situación delicada de Prepay, fueron abrir un procedimiento de penalidades a la empresa que nunca ha llegado a culminarse. Nada se movió hasta septiembre para hacer un requerimiento en firme de la deuda ni para buscar una alternativa para no depender de esta empresa. Y no ha sido hasta octubre y noviembre cuando se ha empezado a trabajar en la resolución del contrato. Ya cuando la empresa se había apropiado de más de 850.000 euros de la recaudación de los autobuses urbanos.

Por si esto fuera poco, el consejo ordinario del Smyt (el extraordinario, con la presencia de técnicos de diversas áreas, evitaron ayer el PP y Vox que se celebrara para no interferir en la investigación interna) sirvió también para que la técnico de Movilidad desmintiera al concejal al afirmar que en esa reunión del 29 de febrero con Prepay ya se habló de que la deuda superaba entonces los 500.000 euros.

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