Trece trabajadoras de la residencia Nuestra Señora del Carmen de Espinosa denunciaron en septiembre «irregularidades» en el cuidado de sus mayores debido a «la insuficiencia de medios y personal». Se las trasladaron por escrito al Ayuntamiento, a los integrantes del Patronato que vela por el centro y a la Gerencia de Servicios Sociales. Dos meses después y a propuesta de la dirección, una mayoría simple de los patronos ha considerado su carta sobre la situación del geriátrico como «constitutiva de una falta grave de transgresión de la buena fe, deslealtad y fraude», defienden que «han trasladado hechos falsos a sabiendas» y han decidido imponerles una sanción de 60 días de suspensión de empleo y sueldo.
DB ha tenido acceso a documentos que explicitan la postura de las trabajadoras y de la residencia, que ha rebatido parte, pero no todas las críticas de las empleadas. No obstante, la Gerencia de Servicios Sociales realizó una inspección en la que, según el centro, «verificó que sus reclamaciones carecen de todo fundamento y que la residencia cuenta con los medios y personal necesarios». Mientras, las denunciantes sostienen que la situación es «de extrema gravedad», su solución ha de ser «urgente» y solicitan «más personal, más grúas, y una organización del trabajo que nos permita atender a los residentes... los principales perjudicados».
Las sancionadas afirman que la calefacción solo se enciende de 7 a 9 de la mañana y de 16 a 19.30 horas, lo que ocasiona «quejas reiteradas de los residentes que, en muchos casos, tienen problemas de movilidad». Añaden que desde febrero, trabajadoras del turno de noche tienen la orden de levantar a los residentes «incluso con anterioridad a las 7, lo que suponía que la temperatura no era la adecuada para el aseo y el baño». El centro no rebate estas cuestiones. Tampoco tiene respuesta para la denuncia de que «mayores de movilidad reducida permanezcan sentados en un sillón desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas» ante la «exigencia de que todos los residentes deben permanecer levantados».
Las trabajadoras afirman que «el personal de cocina y limpieza es exiguo» y que esta carencia es suplida por gerocultoras, lo que merma el tiempo de cuidado de los mayores. Ante ello, el centro en el expediente sancionador defiende que «los Servicios Sociales han certificado que el personal de la residencia es adecuado a las ratios establecidas legalmente», niega que el personal sea insuficiente y aduce que «los problemas que está sufriendo son por el alto absentismo laboral de su plantilla del que algunas de las firmantes son partícipes y de las dificultades para cubrir temporalmente esas plazas».
Las denunciantes afirman asimismo que «la calidad de los alimentos es, en numerosas ocasiones, deficiente», las «cantidades son claramente insuficientes» o que «una única persona debe preparar a diario dos menús completos de comida y cena para 60 residentes». La residencia apunta a que «corresponde a las cocineras el equilibrio nutricional de los menús», así como «su vigilancia y supervisión», a lo que añade que «existe un doble control de los menús, ya que son supervisados y firmados por el médico», mientras «la calidad de los alimentos se somete a rigurosos controles y revisiones periódicas de Sanidad».
Éstas y otras quejas han creado «una pésima imagen de la residencia», a juicio de sus responsables, así como una «tensión y enfrentamiento», que justifican la sanción.
El PP ha pedido un pleno. Las quejas de familiares de los mayores también han comenzado a llegar al Ayuntamiento, lo que ha llevado al grupo municipal del PP, en la oposición, a solicitar un pleno extraordinario para debatir en exclusiva la situación del geriátrico. El edificio es propiedad del Consistorio y el alcalde, Paul Sánchez, y la teniente alcalde, Olga Ruiz Rozas, son los dos únicos representantes municipales entre los 11 integrantes del patronato, por lo que los populares quieren escuchar su información sobre la residencia de primera mano.