Hace un año, el Consejo General del Poder Judicial entendió que el volumen de trabajo del Juzgado de Primera Instancia 4, que en 2017 se especializó en asuntos bancarios para agilizar los procedimientos, no justificaba destinar recursos de manera exclusiva a una temática. Se preveía, de hecho, que los pleitos iban a caer considerablemente porque el que no había presentado demanda, ya no lo iba a hacer.
Pero recién iniciado 2024 surgió el temor de que el plazo para reclamar gastos hipotecarios expiraba el día 24 de enero al cumplirse cinco años desde la sentencia del Supremo que sentaba jurisprudencia. Eso provocó un aluvión de llamadas en los despachos de abogados, que han tenido que presentarlas por decenas en cuestión de una semana. La ausencia de un órgano único obliga a repartirlas por 15 unidades judiciales en la provincia, unas más acostumbradas a estos asuntos que otras.
No se puede decir que la magistrada de Primera Instancia 4 de Burgos no intentase alargar su especialización lo máximo posible. Y es que, una vez que el Poder Judicial acordó su fin, la titular de este órgano solicitó un refuerzo para poder concluir los centenares de asuntos que quedaban aún pendientes por resolver. Una medida que también se denegó en base al mismo criterio: no era un volumen de trabajo suficiente que la justificara. Más aún teniendo en cuenta que los procedimientos que llegaban nuevos se repartían por el resto de los juzgados civiles.
«Tendría que haberse mantenido la especialización hasta estar seguros de que no iba a haber más reclamaciones. Un juzgado único encargado de una materia tan específica siempre es bueno porque automatiza el trabajo y es positivo para todo el mundo. Primera Instancia 4 funcionaba muy bien, resolvía en un plazo muy corto de tiempo», explica Guillermo Plaza, del despacho Agut&Plaza, que en las últimas semanas no ha dado abasto con el aluvión de reclamaciones de personas que pensaban que estaban apurando el plazo.
Los letrados reconocen que tampoco se podía prever esta avalancha de las últimas semanas. Básicamente porque, si bien existía desde hace meses esa duda de si el plazo para presentar demanda expiraba a los cinco años del fallo del Supremo, es decir, el día 24 de enero, los despachos especializados tenían claro que al menos estaba segura la prórroga derivada de la paralización de la justicia por la crisis de la covid-19.
«Hace dos semanas fue una locura. Llegamos a recibir a 20 clientes en un día. Casi no daba tiempo a digitalizar facturas y demás documentación para presentar la demanda. Ahora seguimos recibiendo bastantes, pero con menor ritmo», indica el también abogado Óscar Molinuevo, quien espera que esta nueva avalancha no afecte al funcionamiento de los juzgados. «Cuando los pleitos se repartieron por los diferentes órganos civiles sí que hubo, por ejemplo, cambios de criterios que obligaban a recurrir a la Audiencia. Entiendo que después de un año ingresando procedimientos de este tipo han tenido tiempo de aclimatarse y no debería producirse un colapso».
Algo más escéptica se muestra Beatriz Monasterio, de Agut&Plaza, quien explica que «estando dividido el trabajo entre todos los juzgados puede que vaya más rápido, pero si hay saturación previa no sé si mejorará». Las siguientes semanas se comprobará la respuesta de los clientes y el devenir de esta materia al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que ha descartado que haya una fecha límite próxima para reclamar.
Dicho pronunciamiento deja en una fecha indefinida, que no quiere decir que sea sine die, el plazo para reclamar por los gastos hipotecarios al dar cinco años desde que la persona afectada tiene constancia de que puede reclamar. Eso sí, el demandante tiene que probar esta cuestión.
El juzgado de Primera Instancia 4 de Burgos, que estuvo especializado durante cinco años en esta materia, finalizó este periodo con más de 7.000 procedimientos, a una media de 1.500 anuales y con unos 300 pendientes.