La falta de mantenimiento de la maquinaria de Semat y la negligencia de un trabajador fueron determinantes para que un compañero suyo falleciese atropellado por un vehículo tractor el 18 de enero de 2021. Así lo cree la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos, que ha dictado auto de procedimiento abreviado por el que imputa a este empleado un delito de homicidio por imprudencia grave del que serían responsables civiles la empresa encargada del servicio de limpieza, el Ayuntamiento de Burgos y la compañía aseguradora.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 18 de enero del pasado año en la nave del servicio ubicada en la calle Merindad de Sotoscueva del polígono de Villalonquéjar. La víctima pretendía llevar a cabo, en una zona de almacenamiento, tareas de carga de sal junto con el ahora imputado, el cual solicitó al encargado poder utilizar un pequeño tractorcillo de la marca Kubota al estar averiado el New Holland con el que habitualmente realizaban estos trabajos. Con el visto bueno del superior, trató de arrancarlo, pero la batería estaba descargada. Ambos intentaron accionarlo con unas pinzas especiales, decisión que no consultaron con el responsable.
Tras conectar el cargador a la batería, la víctima se colocó entre la rueda izquierda y la parte delantera del vehículo para sujetar una de las pinzas. El otro empleado se subió a la cabina e hizo funcionar el contacto sin advertir que la marcha estaba metida y no estaba echado el freno de mano. Esto, considerado por el juez como «negligencia», provocó que el tractor se desplazara dos metros y atropellase a su compañero, quien falleció horas después a consecuencia de un shock traumático derivado de un «traumatismo por aplastamiento».
A juicio del magistrado, el ahora imputado «obvió las normas más elementales de la diligencia al hacer funcionar el contacto sin cerciorarse de que el freno de mano estaba echado pese a que su compañero se hallaba delante del vehículo». Además, considera que eludió la normativa de la empresa que impide a los trabajadores intervenir en las averías, sino que deben limitarse a dar parte diario. Así, teniendo en cuenta los diferentes informes recabados durante la instrucción, esta tarea «debería haberse desempeñado por un mecánico, no por el fallecido y su compañero», lo que justifica la imputación de Semat como responsable civil. También lo está el Ayuntamiento de Burgos, en este caso, al ser el propietario del tractor Kubota, el cual no tenía actualizada la ITV.
A pesar de que tanto la acusación particular como la Fiscalía solicitaron más declaraciones de testigos, la incorporación de más informes e incluso la continuación de la causa, la jueza estima que de las diligencias practicadas se desprenden «indicios suficientes» para la imputación de un delito recogido en el artículo 142.1 del Código Penal, que contempla penas de prisión de entre uno y cuatro años de cárcel.
El Ministerio Público tiene diez días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. No obstante, y salvo que prospere un más que previsible recurso de la defensa ante la Audiencia Provincial contra este auto, la acusación se personará y el asunto terminará en una sala de vistas.